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En los próximos días, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, se reunirá con profesionales, sociedades científicas y sindicatos para explicar con detalle el contenido de su plan de garantía para la sostenibilidad del sistema sanitario público. La verdadera “sorpresa” de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos para 2013, más allá de la importación de la tasa por receta catalana, con la que pretende transformar los cimientos del sistema regional de salud.
Un día después de la presentación de los presupuestos en la Asamblea, en plena festividad de Todos los Santos, el consejero ha explicado las bases de su plan, la respuesta a la “encrucijada que plantea la drástica reducción de ingresos para 2013”, que les ha obligado a elegir entre “hacer recortes generalizados o diseñar un plan para reducir el coste sin afectar a la prestación”, según indica. “Un plan de garantía que hace que la sanidad siga siendo universal, gratuita y de calidad”, añade, y que asume como desafío “lograr los mismos resultados introduciendo medidas de eficiencia y reformas estructurales”.
La consejería contará en 2013 con 7.108 millones de euros, un 7 por ciento menos que en 2012. La reducción presupuestaria, advierte Lasquetty, equivale a las cuentas de dos hospitales “y no de los pequeños”, y marcará el punto de partida de la reconversión de la sanidad madrileña para alcanzar cinco objetivos. Ahorro, mantener la calidad, mejorar la eficiencia, diseñar estratégicamente los recursos humanos reordenando los equipos de profesionales para que se ajusten a la realidad del momento y lograr la corresponsabilidad de los trabajadores.
Dentro de las reformas estructurales, Fernández-Lasquetty destaca que se externalizará la actividad sanitaria en seis hospitales de la comunidad (Infanta Leonor, Infanta Sofía, Infanta Cristina, Tajo, Sureste y Henares), en régimen de concesión capitativa, a imagen de los hospitales de Valdemoro y Torrejón de Ardoz, en los que se abona a la concesionaria 441 euros por persona cubierta. Además, se privatizarán los servicios no sanitarios del resto de hospitales de la comunidad.
La externalización también llega a la atención primaria. Saldrán a concurso 27 centros de salud ya en funcionamiento, a cuya gestión podrán aspirar, entre otros, cooperativas de profesionales, a imagen de las EBAS catalanas. El consejero subraya que se trata de un modelo “más eficiente y motivador para el médico”.
En el segundo eje se articularán recursos para mejorar la atención a los mayores. El Hospital de La Princesa se transformará en un centro de alta especialización para atender a este colectivo, mientras el Hospital Carlos III, que actualmente no cuenta con población asignada, será un centro de media estancia, según ha informado. De la misma manera, se estudiará la concentración de procesos de muy alta complejidad, como los trasplantes, en centros punteros.
Para acometer estos cambios, es preciso reorganizar los recursos humanos en función de las necesidades. La intención es que los hospitales funcionen también por la tarde, pero “de modo ordinario, no por peonadas”, aclara el consejero, de manera que algunos profesionales trabajen en esta jornada.
Además, hasta un tercio de los profesionales podrán prolongar el servicio activo a partir de los 65 años tras pasar la correspondiente evaluación, advierte.
La comunidad también ha trazado un plan para el personal estatutario de los centros que se externalicen o modifiquen su función. El consejero asegura que se ofrecerá a todos alternativas de incorporación a otros hospitales. “Todos tendrán plaza y procuraremos hacerlo mediante concursos de traslado”, indica. Además, se prevé un régimen especial de excedencia que permite a los profesionales estatutarios que lo deseen prestar sus servicios en los nuevos centros de gestión privada, con la opción de regresar cuando lo deseen manteniendo su antigüedad”, indica.
Fernández-Lasquetty espera contar con los trabajadores para acometer estos cambios. “Hablaremos con ellos —advierte— para que junto a éstas se implanten nuevas medidas decididas por los profesionales con el objetivo de lograr más mejoras de eficiencia”.
Tres meses han bastado para que la tasa catalana haya dado el salto a Madrid, una medida de la que la ministra de Sanidad, Ana Mato, ha admitido “no ser partidaria” —de hecho, su gobierno estuvo a punto de recurrirla— y que ha despertado las críticas del PPC, que ha pedido a CiU en reiteradas ocasiones su supresión, asegurando que carece de futuro. El anuncio rompe con la promesa de la anterior presidenta regional, Esperanza Aguirre, hasta el punto de que el sector especula con la posibilidad de que la imposición de adoptar medidas como ésta esté detrás de su reciente dimisión.
La nueva tasa contempla las mismas excepciones que el copago farmacéutico, con un máximo anual de 72 euros por persona. Con su implantación, el gobierno regional espera ingresar 83 millones de euros, aunque su propósito es disuadir, aseguran, más que recaudar.