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MÁS DE 330.000 ADOLESCENTES Y JÓVENES DE ENTRE 15 Y 24 AÑOS DECIDIERON ABORTAR EN 2004, SEGÚN EL ÚLTIMO INFORME DEL MINISTERIO DE SANIDAD. ESTA CIFRA SUPONE CASI EL DOBLE DE LA TASA REGISTRADA HACE TAN SÓLO UNA DÉCADA, EN 1995.
| Y LO QUE ES PEOR, EL PORCENTAJE DE INTERRUPCIONES VOLUNTARIAS DEL EMBARAZO (IVE) ENTRE LAS MENORES DE EDAD SE HAN INCREMENTADO EN UN 10 POR CIENTO, LO QUE PONE A LAS CLARAS QUE LAS POLÍTICAS DE EDUCACIÓN SEXUAL, INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN EN ESPAÑA NO HAN FUNCIONADO, E INCLUSO EN ALGUNAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS CONTINÚAN SIENDO INEXISTENTES. ASÍ LO RECONOCE EL PROPIO INFORME DE SANIDAD. PESE A ELLO EL DEPARTAMENTO DE ELENA SALGADO NO PREVÉ MEDIDAS CONCRETAS, SALVO LA VAGA INTENCIÓN DE INCLUIR LA IDEA DE DISEÑAR, DENTRO DEL PLAN DE CALIDAD 2007, PROGRAMAS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DIRIGIDOS A LOS JÓVENES.
 
Fecha de publicación: Domingo, 5 de Noviembre de 2006
Más de 330.000 adolescentes y jóvenes de entre 15 y 24 años decidieron abortar en 2004, según el último informe del Ministerio de Sanidad. Esta cifra supone casi el doble de la tasa registrada hace tan sólo una década, en 1995.
Y lo que es peor, el porcentaje de interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) entre las menores de edad se han incrementado en un 10 por ciento, lo que pone a las claras que las políticas de educación sexual, información y orientación en España no han funcionado, e incluso en algunas comunidades autónomas continúan siendo inexistentes. Así lo reconoce el propio informe de Sanidad. Pese a ello el Departamento de Elena Salgado no prevé medidas concretas, salvo la vaga intención de incluir la idea de diseñar, dentro del Plan de Calidad 2007, programas de salud sexual y reproductiva dirigidos a los jóvenes.
En España existe un primer supuesto despenalizador del aborto "cuando sea necesario para evitar un grave peligro para la vida o la salud psíquica de la embarazada". Pero los especialistas están obligados por ley —RD 2409/1986 y Ley 41/2002— a informar a las mujeres sobre otras alternativas que existen antes del aborto, así como de las graves consecuencias médicas y psiquiátricas que puede tener tanto en la madre como en el padre.
Sólo el 13,7 por ciento de las IVE se lleva a cabo en hospitales públicos y otro porcentaje sin determinar en clínicas privadas concertadas. En la mayoría de los casos, los abortos se practican en centros privados, donde desgraciadamente muchas veces prima más el interés económico que la propia salud de las solicitantes.
En las últimas fechas hemos conocido un escándalo relacionado con estas prácticas fraudulentas en una clínica privada de Barcelona (Emece), que no por haber tenido mayor repercusión mediática resulta un caso aislado. Y tampoco será el último.
La inspección sanitaria juega en este punto un papel fundamental como garante del cumplimiento de los requisitos de calidad establecidos en la legislación vigente, así como de salvaguarda de los derechos de los pacientes o usuarios.
Con las transferencias sanitarias a las comunidades autónomas, la inspección sanitaria está dentro de sus competencias, tanto para el ámbito público como para el sector privado. Esta labor la desarrollan en mayor o en menor medida con una razonable eficacia pese a los casi siempre escasos recursos humanos con que cuentan en esta área tan basta que también abarca la ITE, el transporte sanitario o los espectáculos deportivos y taurinos.
Los inspectores sanitarios actúan de oficio a diario, pero también en base a las denuncias que efectúan personas particulares, cuya colaboración es inestimable a la hora de detectar centros clandestinos o aquellos donde se desarrollan actividades cuanto menos sospechosas.
Salvando las distancias entre una actividad y otra, los centros privados supuestamente especializados en cirugía plástica, estética y reparadora, y los de interrupción voluntaria del embarazo, son los que acumulan el historial más sospechoso en cuanto a sus actuaciones al margen de la legalidad. No sólo se limitan a traspasar la barrera de la ética en la práctica profesional, sino que también se exceden en las competencias para lo que les habilita la licencia administrativa. Y ya no hablemos de las condiciones higiénicas en las que desarrollan infinidad de actuaciones clínicas.
Es necesario, por ello, hacer un esfuerzo por potenciar esta área, tanto presupuestariamente como en cuanto a la coordinación con otros estamentos —policiales— para mantener a raya, o al menos disuadir, a gente sin escrúpulos. La salud nos va en ello, y también la vida.
director@gacetamedica.com
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