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04 sep 2015 - 16:00 h
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Si por algo se ha caracterizado la Junta de Andalucía en los últimos tiempos en materia sanitaria ha sido por sus controvertidas medidas como las subastas de medicamentos o las Alternativas Terapéuticas Equivalentes. En materia de recursos humanos, también ha destacado como la comunidad a la cola de España en materia de retribuciones, sin embargo, el consejero de Salud, Aquilino Alonso, desmiente que esto sea así.

Pregunta.En su primera aparición pública presentó la Ley de Garantías andaluza y aseguró que quería aprobarla con el mayor consenso posible. ¿Ha avanzado en ese consenso?

Respuesta. Sí, hemos avanzado. De hecho ahora está en exposición pública, con la que pretendemos una participación masiva tanto de sociedades científicas, profesionales y sindicatos que ya han realizado alegaciones. Por otro lado también estamos avanzando en el consenso con el resto de grupos políticos.

P. Ciudadanos ha puesto como condición para aprobar la Ley de Garantía y Sostenibilidad la eliminación de las subastas de medicamentos y las ATEs. ¿Es negociable?

R. No creo que exactamente Ciudadanos se haya opuesto a estas medidas. De hecho, en el debate que tuvimos en el Parlamento su postura no fue tan tajante. El planteamiento de este partido político es que quería más información y que le explicásemos algunas de las múltiples noticias que han surgido sobre las subastas. Es un mecanismo desconocido a pesar de los ríos de tinta que se han escrito. Tenemos la postura favorable de la Organización Médica Colegial y por ahí creo que podremos llegar al consenso con Ciudadanos.

P. Entre Andalucía y País Vasco hay una diferencia en gasto sanitario per cápita de unos 600 euros. ¿Cómo influye esto en la atención sanitaria que se presta en la comunidad?

R. Gracias al trabajo de los profesionales y a las medidas que se han tomado en los últimos tiempos de racionalización, como la selección pública de medicamentos, que este año supondrá un ahorro de 130 millones de euros tenemos una sanidad más eficiente. Tenemos una cartera de servicios equiparable a cualquier territorio y estamos a la cabeza en la introducción de innovaciones, como se ha demostrado en el caso de la hepatitis C. Además, hay otro punto importante. Cuando se dice lo que se gasta en bruto, si se analizase en porcentaje frente al Producto Interior Bruto, estamos en la media de las comunidades autónomas. La riqueza es diferente según el territorio y por eso nuestro planteamiento es que se tenga en cuenta en el sistema de financiación.

P. Recientemente, José Martínez Olmos aseguró que, de ganar el PSOE las próximas elecciones generales, el PSOE plantearía unas subastas nacionales “sólo para algunos fármacos”. ¿Estaría dispuesta Andalucía a relajar el número de medicamentos incluidos en sus convocatorias?

R. Estoy seguro de que llegaremos a una situación de consenso. Si hablamos de los fármacos que consumen el 90 por ciento del gasto, habrá acuerdo.

P. ¿Qué opina de los techos de gasto farmacéutico y sanitario aprobados por Ley?

R. Estamos totalmente en desacuerdo porque las comunidades autónomas ya no establecen el techo de déficit que se puede alcanzar y por otro lado, no nos quieren decir los componentes del gasto a los que podemos llegar... Al final es invadir competencias de las comunidades. El precio de los fármacos lo marca el Estado, la decisión de financiación la marca el Estado y después la responsabilidad de sobrepasar el PIB es de la comunidad autónoma... Resulta complejo de entender.

P. La creación de la nueva Comisión Farmacológica ha creado suspicacias en relación a que se puede cercenar la entrada de innovaciones terapéuticas...

R. El objetivo es el contrario. La comisión es similar a la de otras comunidades y no entendemos por qué cada vez que hace algo Andalucía se ponen pegas. Lo que va a hacer esta comisión es homogeneizar los tratamientos para que todos los andaluces reciban el mismo fármaco, vivan en Huelva o en Almería. Además,ejemplos de homogeneización a nivel internacional, como la que hace el NICE británico.

P. ¿Cómo se está implantando el Plan Nacional de Hepatitis C?

R. Hacienda nos iba a dar un préstamo del que hasta la fecha no hemos tenido noticia. Nosotros tenemos un compromiso adoptado en el Consejo Interterritorial y estamos atendiendo a los pacientes. Supongo que el ministerio de Sanidad instará al de Hacienda para que facilite ese pago. Hasta ahora, según me cuenta nuestra consejera de Hacienda, en ningún Consejo de Política Fiscal se ha hablado de este tema. En el último interterritorial el ministro de Sanidad me aseguró que pronto estaría solucionado.

P. En los PGE se eliminaba el Fondo de Cohesión. Teniendo en cuenta de que Andalucía es una comunidad que recibe muchos pacientes, ¿cómo se contempla esta eliminación?

R. Por un lado el ministerio creó el FOGA, que garantiza que la comunidad pague lo que no paga el ministerio. El Fondo de Cohesión tendría que dar respuesta a los centros de referencia, etc., con lo cual no vemos racional que se elimine el fondo de cohesión puesto que el objetivo que pretende es que todos los ciudadanos españoles tengan la misma asistencia sanitaria, independientemente del lugar donde residan. Sería ilógico que una comunidad pequeña tenga pocos pacientes en una determinada patología y obligar a esa comunidad a que ponga un servicio para atender a esos pacientes. Creo que habrá que recomponerlo y me imagino que en el desarrollo del debate presupuestario se recuperará el fondo de cohesión e incluso se debería incrementar su dotación.

P. ¿Se ha completado ya el proceso por el cual todos los médicos con contratos al 75 por ciento deberían pasar al 100 por cien?

R. Se ha contemplado lo que la presidenta de la Junta anunció: que todos los médicos eventuales estructurales pasaban antes del verano del 75 al 100. Ahora queda una bolsa mucho más pequeña y variable. El compromiso a partir del 1 de enero es que no quede ningún contrato del 75 por ciento. Esto quiere decir que de forma paulatina se irán eliminando y pasarán todos al 100 por cien.

P. Según datos del Ministerio de Hacienda, desde el 2009, el SAS ha perdido un 8 por ciento de sus trabajadores, s¿cómo van a compensar esta situación?

R. Depende de la forma de medir. Con las tasas de reposición al 0 y después al 10 por ciento, mucha de la contratación que se ha hecho como eventual, porque no había otra forma de poder hacerlo, no se contabiliza en los registros del ministerio. Con lo cual, en estos datos se está comparando dos cosas que no son iguales. La realidad es que en horas trabajadas estamos en torno 95.000 profesionales y la variación ha sido muy pequeña, de un 2 por ciento.

P. El ministro de Sanidad ha reiterado que ha llegado el momento de compensar a los profesionales por los esfuerzos durante la crisis, ¿está de acuerdo?

R. Antes que el ministro de Sanidad lo dijo la presidenta de la Junta de Andalucía. En su campaña electoral lo planteó y dijo que era el momento de recuperar de forma paulatina aquellos privilegios que se habían perdido. Empezamos con los contratos eventuales, y coincidimos con los sindicatos y profesionales que es lo primero que tenemos que recuperar. De hecho, seguiremos por este camino con objeto de recuperar lo que en el 2012 se perdió. Presupuestariamente lo haremos al ritmo que nos permitan, pero el objetivo es éste.

P. ¿Qué medidas va a tomar su consejería teniendo en cuenta que, según un estudio de CESM, los médicos hospitalarios andaluces son los peor pagados?

R. Este estudio se repite muchas veces y para hacerlo hay que coger todos los complementos, y no siempre se hace. Con lo cual si uno recoge lo que son las retribuciones anuales de un facultativo medio de hospital y de un andaluz, el dinero que se cobra es muy parecido al resto de España, otra cosa es que no se tenga en cuenta el complemento de productividad variable, porque en otras regiones no se da. Cuando se cogen las retribuciones brutas estamos equiparados a la media del Estado, si hay un sesgo de información es porque no se añaden las retribuciones completas de los profesionales y estamos falseando la información.

P. El Gobierno ultima el decreto de gestión clínica. ¿Van a aplicar la norma estatal o piensan mantener el modelo de gestión actual del SAS?

R. El compromiso inicial que planteó el ministerio era el de incluir el modelo que cada comunidad tuviera desarrollado. Parece ilógico que nosotros que tenemos consolidada la gestión clínica, tengamos que dar marcha atrás. Eso sí sería una reforma con carácter retroactivo que es inaplicable e inasumible. Entraríamos a hablar de si es competente el Estado en la organización hasta el nivel que se plantea en el decreto. La competencia estatal debe ser para normas generales y las comunidades autónomas a partir de esas normas, tienen que desarrollar las suyas. Hemos pedido que el documento se adapte para que quepamos todos.

P. La presidenta de la Junta se ha comprometido a reducir la lista de espera en cirugías cardiacas al 50 por ciento, ¿qué medidas van a llevar a cabo para cumplir este objetivo?

R. En cirugía cardiaca se está analizando servicio por servicio, viendo cuál es la organización de cada uno. Son relativamente pocos en Andalucía, por ello estamos revisando de manera individual los recursos y la dificultad de cambios.En el resto de patologías estamos evaluando los servicios. Nuestros datos son inferiores a la media nacional.

P. Usted ha asegurado que la I+D biomédica será uno de los ejes principales de su gestión. ¿Nos adelanta algunas líneas?

R. Ahora mismo estamos trabajando en terapias avanzadas y tenemos una iniciativa en la que somos pioneros a nivel nacional y no queremos perder esos puestos de cabeza, pero también queremos avanzar en otras áreas. Estamos trabajando en la medicina personalizada y a la vez seguiremos con las áreas en las que somos pioneros, como son las enfermedades neurodegenerativas y oncológica. Por tanto, el plan de investigación pretenderá, aparte de mejorar lo que ya tenemos, la traslación de la investigación. Nuestro objetivo es que aquello que estamos desarrollando en investigación se traslade a la clínica lo antes posible.

Fondo de Cohesión

“No vemos racional que se elimine puesto que el objetivo que persigue es dar la misma atención sanitaria a todos”

I+D biomédica

“El plan de investigación pretende dar traslación
de todo lo que hacemos en investigación lo antes posible”

Ley de Garantías

“Pretendemos una participación masiva de profesionales, de sindicatos
y de sociedades científicas”

Techos de gasto

“Estamos totalmente
en desacuerdo porque las comunidades ya no establecen el techo de déficit”

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