Casi la mitad —47 por ciento— de las exclusiones del sistema sanitario español se producen a personas que sí tienen derecho a asistencia, pero los profesionales de admisión de los centros, e incluso los propios sanitarios, no tienen el conocimiento suficiente sobre quiénes deben ser legalmente atendidos, por ejemplo en relación a pacientes crónicos que hayan sido tratados antes de la entrada en vigor del RDL 16/2012, mujeres embarazadas o menores de edad. Así se desprende del primer Registro Estatal para la Denuncia de la Exclusión Sanitaria (Redes), elaborado por la Sociedad Madrileña de Medicina de Familia y Comunitaria (Somamfyc) y Yo Sí Sanidad Universal, y presentado cumplidos ya los dos años de la entrada en vigor de esta norma.
Para José Luis Quintana, vicepresidente de Somamfyc, este problema se resolvería, por un lado, informando correctamente a los profesionales que trabajan en los centros sanitarios que “sorprendentemente, en la mayoría de los casos no saben cuándo el paciente tiene derecho y cuándo no”. “Las administraciones en ocasiones parecen interesadas en aumentar la desinformación con el objetivo de que la exclusión sea más importante” señaló al tiempo que animó a “actuaciones de desobediencia”, ya que los profesionales sanitarios en su mayoría entienden que su deontología está por encima de este tipo de leyes “injustas y letales”.
En este sentido, aseguró que sólo en la página de web de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc) se han registrado ya 2.300 médicos como objetores a esta norma.
En este sentido, Pablo Meseguer, representante de Yo Sí Sanidad Universal, apuntó a que en muchas ocasiones las barreras no se encuentran en consulta, sino en admisión, ya que sin tarjeta sanitaria es difícil citar a la persona, así como saber si realmente la ley ampara que sea atendido o no.
Por otro lado, Quintana lamentó que se haya confundido “gravedad con urgencia”, pues hay cosas graves que no llegan a urgencias y otras banales que sí lo hacen, y la forma de identificar esta diferencia es en la consulta de primaria. Asimismo, apuntó a que como urgencia podría ser atendido prácticamente cualquier paciente, ya que el hecho de presentar dolor debe ser considerado como una urgencia. Sin embargo, aseguró que el principal motor que se ha puesto en marcha es el temor ya que, por miedo, incluso teniendo derecho, muchas personas no solicitan asistencia médica a causa, por ejemplo, de la exigencia de firmar compromisos de pago.
La organización denunció asimismo el trato que desde las autoridades públicas se ha otorgado a la muerte de cuatro personas inmigrantes señalándolos como casos puntuales e intentando desde la Justicia buscar negligencias médicas en lugar de reconocer que la enfermedad no puede ser abordada como algo puntual, sino de manera integral, sin permitir que alcance tal gravedad.
En esta línea, el vicepresidente de Somamfyc añadió que, también en beneficio de toda la población debería ser la atención sanitaria realmente universal para evitar contagios de patologías no detectadas o tratadas.
Por otro lado, el 9,3 por ciento de los casos de desatención registrados se debieron a la dificultad de acceso a los medicamentos por motivos económicos.
Coincidiendo también con el segundo aniversario de esta entrada en vigor, más de 61 organizaciones y plataformas de los ámbitos social, profesional y científico suscribieron el manifiesto ‘Contra la exclusión sanitaria, en defensa de la sanidad universal’ denunciando que al menos 873.000 personas en España perdieron el derecho a asistencia sanitaria y que, incluso, se ha producido “desatención” en los supuestos en los que el RDL reconoce este derecho.
