Copago hospitalario, euro por receta, externalizaciones, planes de ordenación… La mayoría de las medidas de ahorro y de reorganización de estructuras sanitarias del Gobierno y de las comunidades autónomas se caracterizan por un denominador común: deben pasar por los tribunales de justicia antes de su implementación.
Expertos en derecho sanitario apuntan a un problema de judicialización de la sanidad. “Aquellas cuestiones de índole sanitario que afectan a los ciudadanos y que debieran ser resueltas con inmediatez, al judicializarlas se alargan en el tiempo y por lo tanto se retrasa su solución”, explica Mariano Avilés, presidente de la Asociación Española de Derecho Farmacéutico (Asedef).
Ante esta situación, uno de los problemas que destaca Avilés es la falta de especialización de la justicia en materia sanitaria: “Al final el perjudicado es el ciudadano que ve como cuestiones de salud quedan a expensas de jueces y tribunales, que no están especializados en este tipo de cuestiones”.
Con la crisis económica como telón de fondo, los expertos consideran que los choques entre el Gobierno y las comunidades autónomas terminan de manera habitual a los tribunales. “Aspectos competenciales con ocasión de la crisis y de las tensiones económico-presupuestarias suscitan situaciones de tensión entre la Administración General del Estado y las autonomías”, subraya Ricardo de Lorenzo, presidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS).
De Lorenzo explica que la judicialización que padece la sanidad podría suavizarse en los próximos años, gracias a la Ley de Mediación y a los trabajos que está realizando el Consejo Asesor de Sanidad para relanzar el baremo de indemnizaciones.
Politización
Avilés considera que a la judicialización se le suma otro inconveniente, el enconamiento en las discrepancias entre los partidos políticos. “La politización y fragmentación sanitaria conforme a la estructura del Estado en comunidades autónomas lleva a veces a que las administraciones estén unas enfrente de otras para hacer una sanidad partidista en relación a programas políticos y una enfermedad no entiende ni de partidos ni de políticas”, afirma el presidente de Asedef.
Cuestiones como el copago de los fármacos en los hospitales propuestas por el Ministerio de Sanidad o iniciativas autonómicas como las subastas andaluzas, los algoritmos valencianos o el euro por receta de la Comunidad de Madrid y Cataluña han enfrentado al Estado y a los gobiernos regionales. En el caso de Valencia, ambas partes han logrado cerrar un acuerdo antes de acudir a los tribunales, no en el resto de los casos donde se han sucedido los recursos.
“Detrás de esto subyace otro problema y es que en España se legisla, no mal, se legisla pésimamente y esto sí que lo pagamos todos, pero esto parece no entenderlo nadie”, añade el presidente de Asedef.
La situación ha provocado que incluso el Gobierno de Mariano Rajoy haya acabado enfrentado a comunidades del Partido Popular. Castilla y León ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra el copago hospitalario, incluido entre las medidas de ajuste que ha implantado el Ministerio de Sanidad. El Ejecutivo central acudió asimismo al tribunal Constitucional contra la Comunidad de Madrid por la aprobación del euro por receta, una medida que había adoptado previamente Cataluña.
Otro de los problemas que se deriva de esta situación, según los expertos juristas, es la lentitud de la justicia a la hora de tomar una decisión. Precisamente, la Comunidad de Madrid ha decidido suspender el proceso de externalización de seis hospitales públicos, después de que el TSJM haya tardado alrededor de siete meses en confirmar las medidas cautelares en el procedimiento para la cesión de la gestión de los centros.
“La única crítica que se puede hacer en este caso es la lentitud del proceso, que se ve ya como algo proverbial de los tribunales españoles, y que puede convertir a la justicia en ‘injusticia’”, señala el presidente de AEDS.
Con respecto a la externalización, Avilés insiste en la falta de especialización en las salas de justicia. “Lo que ha hecho el TSJM ha sido agrandar el problema y es que como no hay tribunales especializados en cuestiones sanitarias creen que no tiene mayor trascendencia su decisión, que sí la tiene”, reirea Avilés.
La primera en declarar la guerra al Real Decreto de Troncalidad fue la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes), que a principios de la semana pasada avisó de su intención de presentar un procedimiento contencioso-administrativo ante los Tribunales de Justicia contra el Ministerio de Sanidad, que excluye la Medicina de Urgencias y Emergencias como especialidad. Asimismo, el presidente de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología (Seimc), José María Miró, adelantó a GM que impugnarán el decreto tras su publicación en el BOE. De esta manera señaló que “si el juez tiene sentido común nos dará la razón”, aunque no descartan otras medidas si la impugnación no se lleva a cabo. En este sentido, la preocupación ante la inminente publicación de la normativa se ha extendido a otras sociedades como Neurología, que también han advertido de los daños que puede provocaren la especialidad la aprobación del decreto. Alfredo Rodríguez-Antigüedad, presidente de la SEN, prefiere esperar a su publicación para precisar si tomarán cartas en el asunto. Por su parte, José María Moraleda, presidente de la SEHH,asegura que desde la sociedad están preocupados porque los borradores que conocen del decreto no define bien la situación de la especialidad. En este sentido, la preocupación de la sociedad radica en que disminuya el periodo de formación específica, de modo que apunta que lo ideal es que se mantenga en tres años, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea de Hematología y Hemoterapia, y por tanto, seguir equiparados a los países comunitarios. “No podemos ir en contra de Europa”, explica Moraleda. Del mismo modo, los estudiantes de Medicina (CEEM) lanzarán una campaña de recogida de firmas en contra del proyecto, así como un conjunto de manifestaciones simultáneas por todo el Estado.
