Infertilidad/ Los especialistas defienden que los tratamientos son coste-efectivos y piden a Sanidad que no recorte esta prestación en la pública

El rendimiento terapéutico en reproducción asistida se ha duplicado en los últimos 20 años

Cada año se realizan en España 50.000 ciclos de fecundación in vitro (FIV) y 23.000 inseminaciones artificiales, dos tercios en centros privados

El documento constata la inequidad en el acceso a la prestación en el SNS, con esperas de más de dos años en gran parte de las comunidades

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23 mar 2012 - 19:00 h
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“Ninguna fuente oficial ha manifestado que se cuestionara la asistencia pública a la infertilidad en razón de que se ponga en duda su carácter de trastorno de salud”. Es la respuesta que, según el presidente de la Sociedad Española de Fertilidad, Federico Pérez Milán, han recibido en estos días por parte de la directora de Cartera Básica de Servicios del Ministerio de Sanidad, Mª del Sagrario Pérez Castellanos.

Los especialistas en reproducción asistida trasladaron al ministerio su inquietud ante los rumores desatados en confidenciales y redes sociales sobre la posible desfinanciación pública de estas prestaciones en el Sistema Nacional de Salud, supuestamente a raíz de declaraciones oficiosas de la actual ministra, Ana Mato, con el argumento de que la infertilidad no es una enfermedad. Durante la presentación del Libro Blanco Sociosanitario de la Infertilidad en España, coordinado por Roberto Matorras, insistieron en que hay fórmulas de ahorro previas a la restricción de estas técnicas, porque “puedan ser consideradas una medicina menor, suntuaria o satisfactiva”, cuando suponen el tratamiento a “la expresión de un fallo biológico y a veces son la expresión de una enfermedad en sí”.

No obstante, llegado el caso de que se decidiera revisar su coste-efectividad como paso previo al rediseño de la cartera básica de servicios comunes, los especialistas están tranquilos. “Si comparamos el coste en términos absolutos de un proceso de este tipo nos llevamos la sorpresa de que es muy inferior a otros procesos habituales como la cesárea o el parto con complicaciones. Hay que desterrar la idea de que son extremadamente caros, su coste-efectividad está garantizado, aunque es difícil medir el coste-beneficio”, asegura Pérez Milán. Mientras Matorras recuerda que una opción habitual hace cuarenta años, la microcirugía de las trompas, era el triple de cara y una décima parte de exitosa, y se hacía “sin ser cuestionada”. Por término medio, un tratamiento de fecundación in vitro (FIV) supone un coste aproximado de 2.800 euros en la sanidad pública. Mientras el precio de un ciclo en un centro privado cuesta al paciente entre 4.000 y 6.000 euros.

Pérez Milán insiste en que el rendimiento terapéutico en 20 años se ha duplicado y actualmente la posibilidad de que una mujer logre la gestación en un ciclo de fecundación in vitro es superior al 30 por ciento, aunque con variaciones en función de la edad, el factor más determinante.

Registro obligatorio

El libro blanco de la infertilidad ofrece un retrato de la situación actual y las perspectivas de futuro. A falta de un registro de carácter obligatorio, que demandan los especialistas, el documento se basa en estimaciones a partir de un registro voluntario de centros públicos y privados coordinado por la SEF. Según sus autores, nuestro país se sitúa entre los tres primeros de Europa, tanto en número de tratamientos, con una media de 50.000 ciclos de FIV anuales y 23.000 de inseminación artificial, como en calidad e investigación. Uno de cada tres niños nacen mediante técnicas de reproducción asistida en España que es, además, un referente en el tratamiento de la infertilidad a partir de la donación de gametos, una práctica permitida por la legislación nacional.

De los 217 centros de reproducción en nuestro país, 180 son privados. El informe constata, además, la inequidad en el acceso a la prestación pública, que realiza solo un tercio de todos los tratamientos, y muestra variaciones tanto en el número de ciclos máximos por paciente financiados en la práctica en cada comunidad autónoma, como en la gestión de las listas de espera, que superan los dos años en gran parte de las regiones.

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