Carmen M. López Madrid | viernes, 18 de diciembre de 2015 h |

Más de 15.000 profesionales del SNS han entrado en la década previa a su jubilación sin haber conseguido una situación estable, algo que afecta de manera importante a la población asalariada que va acumulando antigüedad en la temporalidad. Así queda reflejado en el informe ‘El empleo en actividades sanitarias y su evolución durante la crisis’, elaborado por CC.OO a partir de datos de la encuesta de población activa (EPA).

El análisis pone sobre la mesa la necesidad de implementar nuevas estrategias que contemplen dos realidades; por un lado, el envejecimiento de la población, y por otro, el cambio de paradigma hacia una cronificación de la asistencia. Pero para ello, hay que modificar los sistemas de selección de personal de la sanidad pública, agilizando los procedimientos de provisión de plazas. Asimismo, es prioritario promover una mayor estabilidad en el empleo en la sanidad pública, “evitando el embalsamiento de muchos temporales con antigüedad”, indican en el informe.

Precisamente, la sanidad pública recurre más a la contratación temporal que la privada. Entre los trabajadores sanitarios de las diferentes administraciones, en 2014, el 28 por ciento de ellos tenía un contrato temporal. En cambio, en el sector privado, descendió hasta el 18 por ciento. Es curioso que en 2002, antes del comienzo de la crisis económica, este porcentaje era superior, alcanzando casi el 32 por ciento. Esto se debe, según los expertos, a la expansión del empleo temporal que se produjo hace 13 años, para vivir un ajuste posterior mediante la expulsión de los temporales. Desde bases de partida casi idéntica en 2002, la sanidad pública y privada han trazado sendas muy distintas. El sindicato considera que el sector público sigue su proceso de expansión o contracción sobre la base del empleo temporal, mientras que, el sector privado ha optado por gobernar sus ajustes mediante el tiempo parcial, reduciendo la temporalidad. (Ver tabla)

En cuanto a la tasa de temporalidad por edades, el estudio analiza que la mayoría de profesionales de 24 años que comienzan su carrera laboral en la sanidad privada lo hacen de manera temporal, reduciéndose drásticamente esta tasa al año siguiente. Sin embargo, en la sanidad pública esta reducción no se produce hasta pasar la franja de los 35 años. Es posible, que tenga relación con que en la pública muchos de los contratos temporales son utilizados para cubrir interinidades, puestos de trabajo que no son cubiertos por las OPEs, debido a los límites en las tasas de reposición establecidos de manera general en las comunidades autónomas.

En cuanto a las diferencias entre profesiones, enfermería registra una tasa de temporalidad parecida a la media general del sector, llegando al 25 por ciento, mientras que el personal facultativo tiene tasas superiores.

Del mismo modo, de las 941.000 personas asalariadas que trabajan en actividades sanitarias, alrededor de 125.000 lo hacen a tiempo parcial, lo que supone el 13,2 por ciento de la población ocupada en el sector. En cuanto al tipo de aseguramiento, esta diferencia se explica de manera diferente en la sanidad pública y privada. En el sector público, solo el 6,5 por ciento trabaja a tiempo parcial, mientras que el 23,5 por ciento lo hacen en la sanidad privada. Precisamente, se aprecia que en los últimos ejercicios ha crecido bastante más de lo que ya lo venía haciendo el recurso a este tipo de empleo en el sector privado. A finales de 2011 la tasa era del 17,1 por ciento. En apenas tres años, un periodo en el que hubo sucesivos cambios legales que buscaban estimular este tipo de contratación, la tasa ha subido en más de seis puntos.

Con todo, se pone en énfasis que hay dos maneras de gestionar el tiempo si se comparan los dos sectores. El primero se basa en la temporalidad, mientras que el segundo en el tipo de jornada. De esta manera, queda latente como en el sistema público hay un elevado porcentaje de temporalidad entre quienes trabajan a tiempo parcial. Es decir, de las 37.000 de personas en esta situación, 23.000 son temporales. Sin embargo, en el sector privado trabajan a tiempo parcial casi 66.000 personas, de los 17.000. De esta manera este tipo de “empleo precario” supone el 4,1 por ciento, mientras que en la privada supone el 5,8 por ciento.

Una vez más, la radiografía del sector sanitario pone sobre la mesa la repercusión que ha tenido la crisis económica en materia profesional, y que no ha discriminado ni para el sector público ni para el privado. Mientras en el primero el empleo ha caído significativamente; en el segundo ha crecido, hasta el 38,6 por ciento, lo que muestra el creciente peso del capital privado en la sanidad.

Pérdida de empleo

Hasta el año pasado, la sanidad sumaba 978.000 trabajadores. De los que 370.000 trabajaban en empresas privadas.Al mismo tiempo, en el sistema público, los trabajadores ascendían a 588.000, una cifra muy inferior a la de 2012 que alcanzaba los más de seis millones de empleados públicos.

Así, el autor del informe, Fernando Puig-Samper, alerta del riesgo de que este sector pierda en los próximos cinco años entre 55.000 y 60.000 empleos.

Echando la vista atrás, entre 2011 y 2013, se perdieron un total de 45.700 empleos en la sanidad. La peor parada fue la pública, porque sumó 43.400 profesionales menos, de ellos, más de 30.000 eran enfermeros.

Con todo, el secretario de protección social y políticas públicas de CC.OO, Carlos Bravo, ha adelantado que la demanda de servicios sanitarios es creciente, debido al envejecimiento de la población y al incremento de la cronicidad. A su vez, el presupuesto sanitario entre 2009 y 2014 se ha reducido en 9.000 millones de euros y las perspectivas tanto del Programa Nacional de Reformas para este año como de la actualización del Programa de Estabilidad 2015-2018 indican “en el mejor de los casos” una congelación. Por ello, a juicio de Bravo, no es previsible una respuesta adecuada ante esta situación. Y es que si el sector público no responde a ese incremento de la demanda lo hará el privado y dará lugar a un proceso de “privatización suave”, explica Puig-Samper.