Los COF trabajan para que la dispensación “urgente” sea legal

Pontevedra facilitará una más rápida validación de ciertas prescripciones para la retirada inmediata del tratamiento
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Por encima de todo, la salud del paciente. Esta es la consideración que prevalece ante situaciones que han experimentado todas las oficinas de farmacia nacionales: la presentación por parte de un usuario de un documento (véase un informe de Urgencias o una receta sin validar) que contiene una prescripción terapéutica, pero que no tiene la consideración de receta oficial y/o válida.

En estos casos, y en aras de favorecer el acceso del paciente a su tratamiento ante una necesidad sanitaria, la lógica impera y la situación se acaba solventando con la dispensación del tratamiento, aunque no se ajuste escrupulosamente a los cauces de legalidad. Esta forma de proceder es, si cabe, más importante en el caso de medicamentos ‘especiales’ que deben ser iniciados o continuados en plazos cortos de tiempo pero que, a su vez, necesitan contar con la homologación sanitaria adicional a la prescripción original del especialista.

En este sentido, los colegios farmacéuticos vienen trabajando con las administraciones en la búsqueda de soluciones a este tipo de situaciones. Unas soluciones con las que compaginar la atención al paciente y el rápido acceso a su medicación con la seguridad (legal) del acto de dispensación.

Así acaba de ocurrir en Pontevedra. Un acuerdo entre la Estructura Organizativa de Gestión Integrada del Servicio Gallego de Salud y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de esta provincia permitirá en adelante que en los casos en los que un paciente necesite con urgencia medicamentos anticoagulantes orales, antiagregantes o inmunosupresores prescritos por el médico y sujetos a validación (la denominado homologación sanitaria), el farmacéutico de oficina de farmacia pueda comunicarse con el farmacéutico de guardia en los hospitales provinciales para que autorice la dispensación.

En concreto, este pionero acuerdo viene a solventar ciertas situaciones que se provocaban en los turnos de tarde, fines de semana y festivos en los que no había posibilidad de homologación de recetas por los farmacéuticos de Atención Primaria, los encargados de verificar el cumplimiento de las condiciones de prescripción y dispensación relativas a estos fármacos especiales que deben ser iniciados o continuados en plazos que no deben superar las 24 horas.

Ahora, con esta iniciativa de coordinación entre los tres niveles asistenciales (Atención Primaria, Farmacia Hospitalaria y Farmacia comunitaria) se faculta al farmacéutico de hospital que está de guardia para que pueda efectuar la homologación sanitaria de urgencia “y resolver así las incidencias que se puedan producir, sobre todo en fines de semana o festivos consecutivos, en aquellos casos urgentes que no puedan esperar a la autorización del farmacéutico del centro de salud”.

De forma paralela, este acuerdo da seguridad al farmacéutico comunitario en la dispensación: “Para el farmacéutico es un problema recurrente explicarle al paciente que para determinados medicamentos la receta no es válida si no está homologada, por lo que este procedimiento es un paso para terminar con este problema tan grave”, apunta la presidenta del COF de Pontevedra, Alba Soutelo.

También lo ve así Guadalupe Piñeiro, jefe de Servicio de Farmacia del Complejo Hospitalario de Vigo (Chuvi): “con este sistema el paciente no tendrá ningún contratiempo para obtener su medicación al alta hospitalaria, sea el día que sea, o cuando la necesite urgente”. En su primer mes de vigencia, más de 30 pacientes ya se han beneficiado.

E-receta en Urgencias

En Madrid, después de “meses de intenso trabajo” y peticiones del COF de Madrid hacia su Consejería han permitido que, desde el pasado mes de marzo los servicios de Urgencias de los centros de salud regionales puedan prescribir a través del sistema de receta electrónica.

Se evita así que el paciente acuda a la farmacia con el informe de alta en el que hasta ahora se recogía la medicación, lo cual propiciaba que en algunos casos (si el tratamiento era de dispensación bajo prescripción médica, no OTC) el farmacéutico —ley en mano— no tuviese facultad para realizar la dispensación o bien como ‘parche’ y en aras de facilitar el inicio del mismo, se procediese a su entrega hasta que el paciente acudiese en los días posteriores a su centro de salud a por la receta y llevarla a la farmacia para reconducir este acto a la más estricta legalidad.

En esta CC.AA, como en el resto de regiones, la implantación total de la e-receta en todos los niveles (y en especial en las Urgencias hospitalarias) debería afianzar esta seguridad jurídica en las dispensaciones de urgencia y, en concreto, desterrar “de una vez por todas los informes clínicos, que no tienen soporte legal y generan problemas a las farmacias”, recordaba en una circular Luis González, presidente del COF de Madrid.

Incluso, cabe recordar, en el caso de Madrid hace justo un año que los Colegios Oficiales de Médicos y Farmacéuticos se unieron en una campaña informativa en la que recordaban que cualquier otro documento o informe que no sea una receta médica oficial “no está regulado ni sirve para el acto de la dispensación”, y pedían a las Administraciones que abordasen este problema.

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