Un total de 16 organizaciones del ámbito sanitario y farmacéutico, entre las que se encuentran varios sindicatos, Fenin, la SEFH o el CGE, han presentado un documento en el Congreso de los Diputados para pedir que se proteja a profesionales y pacientes de los medicamentos peligrosos. Las organizaciones firmantes señalan que cada año más de 20 millones de profesionales europeos están expuestos a este tipo de medicación, y que más de 100.000 personas mueren al año por contacto con alguna sustancia cancerígena. José Luis Cobo, representante del Consejo General de Enfermería, señala que con este documento solicitan “una normativa que regule de forma clara y precisa cuáles son las medidas necesarias para que esos medicamentos sean manejados de forma segura”.
Algunos de los puntos que exponen es que esta desprotección ya lleva siendo conocida y documentada hace varias décadas, y que incluso la Comisión Europea ha reconocido que el riesgo para la salud de profesionales y pacientes está directamente relacionado con el nivel y la frecuencia de la exposición, la toxicidad en cada caso y la ausencia de medidas preventivas; también señalan que la tasa de incidencia de cáncer no ha parado de crecer, y por tanto la exposición de los profesionales de diversos ámbitos al preparar estos medicamentos, teniendo en cuenta que diversos estudios han confirmado la existencia de toxicidad en superficies que incluso han sido sometidos a sistemas de limpieza acreditada.
Por otra parte, llaman a cubrir las carencias en materia de normativa, ya que a pesar de que el Parlamento Europeo y la Comisión Europea han acordado recientemente algunas enmiendas transaccionales a la Directiva sobre agentes carcinógenos y mutágenos (2004/37/CE), pero ninguna de ellas, ni tampoco la legislación de la UE existente en materia de agentes químicos de riesgo, aborda específicamente los riesgos; siguiendo este hilo las organizaciones firmantes exponen que “en España, la Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales obliga al empleador a proteger la seguridad y salud de sus trabajadores, con todos los medios a su alcance y en todos los aspectos relacionados con el trabajo”.
Por todos estos motivos, piden al Ministerio de Trabajo que desarrolle una norma que regule la protección de los trabajadores en riesgo y que se lleven a cabo campañas de información en este sentido, además de que se ofrezcan los recursos necesarios para hacer esto posible. Al Ministerio de Sanidad le piden que estudie la situación actual, desarrolle una guía en materia de protección a trabajadores asegurando la equidad por Comunidades Autónomas, lanzar una campaña informativa a profesionales y pacientes del riesgo de la exposición, crear un sistema de vigilancia de los niveles de contaminación o establecer una clasificación especifica de dispositivos sanitarios, denominado Sistemas cerrados de transferencia de medicamentos.
Según el CGE, sólo un 47,2 por ciento de los centros sanitarios cuenta con un protocolo que obligue a utilizar un sistema cerrado de preparación y administración de medicación peligrosa, y además, llaman la atención sobre el hecho de que en aquellos que sí existe este protocolo, el 53,9 por ciento del personal desconoce el sistema que se utiliza para la administración de medicación peligrosa.
