Un total de 23 organizaciones de la sociedad civil han firmado una carta dirigida a la Comisión Europea (CE) en la que reclaman que aproveche la oportunidad de hacer que la investigación e innovación (I + I) de la UE sea más relevante para los ciudadanos y que garantice que las políticas financiadas por los contribuyentes contribuyan al bien público.
La carta lanzada por la European Health Alliance (EPHA) responde a las recientes conclusiones de la CE ‘De la evaluación intermedia de Horizonte 2020 al noveno programa marco’, con las que se abre el camino al nuevo programa plurianual de investigación e innovación, sucesor del actual ‘Horizonte 2020’. Este, como defendió Mailis Reps, ministra de Educación e Investigación de Estonia “pretende conformar el panorama de la investigación y la innovación de mañana”. Así, “tenemos que aumentar las inversiones y maximizar el impacto de los resultados para ofrecer soluciones avanzadas a los desafíos” reconoció y, para ello, asumió la responsabilidad conjunta “de hacer de la investigación una prioridad real en la UE”.
Ante este panorama, las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el acceso a los medicamentos y la salud pública han mostrado su preocupación porque el interés público no se promueva lo suficiente en las inversiones en I + D de la UE a través del Horizonte 2020.
Expertos y gobiernos han destacado la necesidad de mejorar la financiación pública de I + I biomédica y cómo se gestiona para garantizar el retorno público de la inversión pública. EPHA recuerda que las Conclusiones del CE sobre el fortalecimiento del equilibrio en los sistemas farmacéuticos, (junio de 2016) ya solicitaban que se consideraran medidas como la concesión de licencias equitativas para garantizar un rendimiento justo de la inversión para la investigación financiada con fondos públicos.
La idea es que, ahora que la CE prepara su propuesta para el 9º Programa Marco, considere sus recomendaciones y aplique políticas que aumenten el impacto social de los I + I médicos asegurando el acceso a tecnologías sanitarias asequibles y efectivas que respondan a la salud pública.
La entidades solicitan un aumento del impacto social de las inversiones en I + I médica y la generación de un mayor retorno público en el 9º PM. Para ello, piden a la CE que garantice la total transparencia en la inversión pública, en cuanto a los costes de investigación, desarrollo y producción de medicamentos, para que la inversión pública se refleje en el precio del producto final.
Medir el impacto social de la financiación pública para la I + I mediante el desarrollo de indicadores SMART es otra de las recomendaciones. Con ello, se evaluará el impacto de la financiación de I + I en el 9º PM respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con la salud.
En tercer lugar, las entidades piden que se financien iniciativas biomédicas de I + D que se centren en las necesidades de salud pública insatisfechas y conduzcan a productos biomédicos con valor terapéutico añadido. Además, apuestan por aunar las condiciones de acceso equitativo a la financiación pública en salud, y con ello, garantizar el retorno de la inversión pública y el acceso asequible a las tecnologías sanitarias que resultan de los fondos europeos.
Finalmente la carta llama a vincular el acceso abierto y los requisitos de datos abiertos a la investigación financiada con fondos públicos, con ello, los conocimientos estarían disponibles para investigadores y el público en general.
