La aritmética parlamentaria, unida al periodo preelectoral que se abre este otoño, deja al Gobierno huérfano de apoyos. El Ejecutivo ha conseguido sumar a Unidos Podemos para casi todo pero aún así la minoría en el Congreso de los Diputados —acentuada en el Senado— deja su acción legislativa herida de muerte. Pero el tiempo apremia y el ‘Gobierno del cambio’ necesita algo más que eslóganes para conseguir rentabilizar su periodo en Moncloa. En este escenario se abre paso el Real Decreto-ley, un atajo que cercena el debate e impone su texto con mayor facilidad. La ética de esta técnica está en entredicho porque es una modalidad recogida para las situaciones de extrema urgencia y no parece que ese dogma se cumpla casi nunca en los últimos tiempos.
En los primeros compases del primer gobierno de Mariano Rajoy ya se vivió el Real Decreto como una forma de vida. Aún con mayoría absoluta, la razón que se esgrimía es que no había tiempo que perder para sortear la crisis. Una mentira que ha descubierto el tiempo cuando se observa, por ejemplo, que el 16/2012 aún hoy tiene artículos sin desarrollar. Al PSOE se le caía la lengua de repetir que el PP hurtaba el debate pero ahora está cayendo en el mismo error.
Desde el Ministerio de Sanidad se impulsó por Real Decreto la universalidad. Es cierto que ahora habrá debate pero el cambio ya es efectivo. Ahora, los dos próximos documentos legislativos que se conocerán vendrán de la misma forma aunque para ser justos hay que explicar que las naturalezas difieren. El de Prescripción Enfermera sí parece urgente porque es un tema que colea desde hace tiempo y además tiene el beneplácito de los actores principales. Pero el de Cartera de Servicios no es el caso. Se procederá a revivir la situación previa al 16/2012 sin debate alguno y, en el mejor de los casos, una vez impuesto, llegará al Congreso. ¿Qué es lo urgente, la modificación o la necesidad de justificar una acción de gobierno?
