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07 dic 2017 - 15:00 h
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El Real Decreto 16/2012 abrió una brecha entre los partidos políticos. Su aprobación alejó más que nunca el objetivo del Pacto por la Sanidad. Seis años después la herida no se ha cerrado y las formaciones políticas de la oposición vuelven una y otra vez con propuestas para contrarrestar su efecto en el sistema sanitario.

Cada vez que se ha planteado desde entonces la necesidad de un pacto, los partidos políticos han puesto como escudo el decreto para evitar cerrar un acuerdo. Pero este desacuerdo no debería ser la causa que impida avanzar, debería servir para generar una oportunidad que nos lleve a un pacto a largo plazo.

Acabamos de comenzar el segundo año de legislatura y el ansiado pacto que viene reclamando todo el sector debería ser uno de los objetivos, sino de este 2018, a punto de comenzar, de la legislatura. Más allá de la eficacia o no de este real decreto, es cierto que existen en la actualidad problemas en el sistema sanitario que urge resolver. Uno de ellos y quizás el más importante, las inequidades en el tratamiento en las comunidades autónomas. El equilibrio es complicado, cualquier medida orientada a la coordinación de las comunidades se tacha en seguida de recentralizadora. Intentar que los pacientes reciban la misma atención, siempre de calidad, universal y gratuita, no es recentralizador, sino necesario. Es evidente que las regiones deben participar en las negociaciones a través del Consejo Interterritorial o en los espacios que se generen con este fin.

Una de las medidas de las que más se ha hablado en este primer año es la puesta en marcha del Fondo de Cohesión sanitaria. Finalmente el Gobierno accedió a dotarlo con una mínima cantidad, muy lejos de los 100 millones a los que se había comprometido en el pacto con Ciudadanos.

Ahora el PSOE insiste en este punto y fija las necesidades en 87,5 millones de euros para 2018 y 150 millones al final de la legislatura.

Surgen otras cuestiones pendientes que deberían servir para igualar a las comunidades autónomas: un fondo para financiar la innovación, medidas de empleo que terminen con la precariedad laboral de los profesionales, la potenciación de la atención primaria... Son demasiados asuntos pendientes que no pueden quedar estancados por un real decreto.

Los partidos políticos han puesto como escudo el decreto para evitar cerrar un acuerdo

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