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12 abr 2017 - 08:00 h
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La transparencia es un valor que ha cogido fuerza en los últimos años en las sociedades democráticas. Se ha presentado como un arma contra la corrupción política y para favorecer la participación de la ciudadanía.

Nadie duda de que el Código de Buenas Prácticas de Farmaindustria es un paso adelante importante, pero necesita de un apoyo del Gobierno en forma de regulación clara y precisa. Esto implica una normativa que especifique que en ningún caso la formación puede ser considerada un pago en especie. Imaginen el viaje de un médico a un congreso. Pongamos como ejemplo ASCO, ahora que la oncología tiene un peso tan trascendente en los presupuestos de las comunidades autónomas. Un billete de avión, un hotel y una entrada a un congreso de estas características supone un coste importante, que asume principalmente la industria farmacéutica y de tecnología sanitaria. Si el médico tiene que tributar por este desplazamiento y le supone una merma de su salario, existe un riesgo evidente de que decida quedarse en casa y evitar riesgos.

Alguien podría decir que el miedo es infundado, pero las dos únicas resoluciones de la Dirección General de Tributos, aunque antiguas, advierten de que la invitación a los congresos médicos debe ser considerada como un pago en especie.

Ciudadanos ya ha llevado esta cuestión al Congreso de los Diputados con una proposición no de ley. Es urgente y habría que darle prioridad. En el seguimiento diario que hacemos en GACETA MÉDICA hemos comprobado ya que médicos de todas las especialidades dudan de la asistencia a este tipo de eventos por miedo a Hacienda.

Está en riesgo la formación de nuestros profesionales. Con unas comunidades autónomas que son incapaces de asumir el coste de la formación, deben facilitarse los mecanismos que permitan que el facultativo pueda actualizar sus conocimientos.

Si no se hace así, los principales perjudicados serán los pacientes. Habrá que buscar fórmulas. En lo que el Gobierno y el Congreso toman cartas en el asunto, a patronal farmacéutica y las sociedades científicas deberían entenderse para que el resultado de la norma definitiva no afecte ni a los médicos ni a los pacientes.

Las dos únicas resoluciones de la Dirección General de Tributos, aunque antiguas, hablan de pago en especie

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