Absuelta una uróloga acusada de error diagnóstico por una extirpación testicular

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02 sep 2016 - 11:00 h
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Se interpuso demanda de reclamación de cantidad contra una uróloga, contra la clínica y contra las aseguradoras de ambas por las que se exigía el pago de 65.236,69 euros por los daños derivados de un error diagnóstico. La médico atendió en urgencias al paciente y, según la demanda, no fue capaz de observar el daño que tenía en un testículo que terminó con una necrosis por la que fue intervenido, retirándolo y colocando una prótesis.

Las partes demandadas contestaron a sus demandas exponiendo que la praxis de la doctora había sido del todo correcta, que en ningún caso había existido un error diagnóstico y que la realización de la exploración según el estado que presentaba el paciente estaba indicada y no eran necesarias más pruebas en ese momento, por lo que se le derivó a la consulta de Urología si continuaba el dolor.

El fallo de la sentencia de primera instancia fue desfavorable para los demandados ya que se les condenó al abono de más de 50.000 euros. Esta sentencia justificaba su fallo en que hubiera sido necesario realizar pruebas complementarias. Se consideró que se trató de un error de notoria gravedad ya que para tener una total fiabilidad era necesario “abrir” y ver lo que “había”.

También hacía hincapié la sentencia en que la información sobre el peligro que implicaba el retraso en caso de no ser examinado por el especialista en un breve espacio de tiempo y la remisión genérica al urólogo sin precisar nada más, era una información muy pobre que aumentaba esa responsabilidad. En definitiva, confirmaba la sentencia de primera instancia, existió un error diagnóstico por el que había que resarcir al paciente.

Esta sentencia fue recurrida en segunda instancia, ante la Audiencia Provincial, en la que los apelantes, es decir, la doctora y los otros demandados, impugnaban la sentencia basándose en el error en la valoración de la prueba y en la aplicación incorrecta de la jurisprudencia relativa a la responsabilidad médica.

La sentencia de la Audiencia Provincial informaba de que, una vez revisada la prueba de primera instancia, en concreto la pericial del demandante y la testifical-pericial de la doctora que le intervino, llegaban los magistrados a una conclusión distinta a la que antes había llegado el juez de primera instancia, ya que la doctora demandada había detectado el dolor, había realizado la prueba indicada que era la de Preheim, mejorando el dolor, y además, con la edad del paciente, más de veinte, los síntomas claramente no eran de torsión, sino de la dolencia que se le diagnosticó en ese momento.

Asimismo según los antecedentes de infección urinaria y orquiepididimitis tres años antes era bastante razonable pensar que tenía epididimitis y había que prescribirle antibióticos y analgésicos. A esto se añadía que, en el examen, el testículo no estaba elevado ni horizontalizado, manifestación contraria a la torsión testicular (lo que el perito llamó signo de Governeur).

A lo anterior, y en un análisis más concienzudo que del realizado en primera instancia, se exponía igualmente que el paciente no vomitaba y tenía más de diecisiete años, con los antecedentes citados anteriormente, con el signo de Preheim negativo y el signo de Governeur que concluía que el testículo no estaba horizontalizado, expuestos, el diagnóstico era de epididimitis, lo que fue confirmado de manera clara por la doctora que intervino al paciente, la cual afirmó que ella también habría llegado a ese diagnóstico como uróloga.

Por todos estos argumentos la sentencia daba la razón a la doctora y los demás demandados dado que el diagnóstico sí fue correcto y conforme en todo momento a la lex artis ad hoc, estimando, por tanto, los recursos presentados por los tres demandados y absolviendo a los apelantes y desestimando la demanda.

Este resultado fue posible gracias a los abogados de DS Legal Group, los cuales confiaron en la praxis correcta de la doctora desde el principio y por ello vieron del todo viable un recurso que concluyó de manera positiva para el facultativo, la clínica en la que prestaba sus servicios como médico y para las aseguradoras de los dos.

Se consideró que se trató de un error de notoria gravedad
ya que para tener una total fiabilidad era necesario “abrir”

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