La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, ha presidido el Pleno de la Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento de los Programas de Prevención del Sida, reunido este martes en la sede del Ministerio.
En ella han participado, además del secretario general de Sanidad y Consumo, Faustino Blanco, representantes de cinco Ministerios (Sanidad, Consumo y Bienestar Social; Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad; Defensa; Justicia; y Exteriores); el Consejo de la Juventud de España; las 17 comunidades autónomas; colegios oficiales, sociedades científicas y ONG implicadas en la respuesta al VIH.
Carcedo ha destacado el firme compromiso del Gobierno en la eliminación de todas las barreras para la prevención del VIH, su diagnóstico precoz y la no discriminación de las personas.
Es la primera vez que se convoca este Pleno en cuatro años pese a que, según el decreto de composición y funcionamiento de la Comisión, debe reunirse al menos dos veces al año.
La Comisión es el órgano que reúne a las distintas administraciones, profesionales, sociedades científicas y sociedad civil implicados en la respuesta al VIH y sirve de instrumento de coordinación de los programas desarrollados por las Administraciones Públicas para la prevención y control del VIH.En este encuentro, el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social ha trasladado al Pleno la situación epidemiológica de la infección por VIH e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS); la actividad internacional de la secretaría del Plan Nacional del SIDA; la recuperación para su actualización y desarrollo de la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, así como la puesta en marcha de las medidas que contempla el Pacto Social por la No Discriminación y la Igualdad de Trato asociada al VIH, presentado el pasado diciembre.
En este sentido, el ministerio ha informado a la Comisión de la puesta en marcha de los grupos de seguimiento para el desarrollo del Real Decreto de actualización de las causas médicas de exclusión en el acceso al empleo público y que pone fin a la discriminación de las personas con VIH.
“Lo cierto es que los prejuicios acerca de algunas enfermedades infecciosas y, en particular, las de transmisión sexual provocan desigualdad en el acceso a servicios sociales, jurídicos y sanitarios así como al mercado laboral o a la vivienda”, ha asegurado la ministra. “Y esta situación requiere una respuesta multisectorial consensuada y estable”, como resultado de las aportaciones acordadas por todos los agentes clave a través de un proceso abierto y participativo.
El Pacto Social por la No Discriminación y la Igualdad de Trato asociada al VIH constituye un importante avance en la protección de los derechos de las personas más vulnerables frente a la discriminación.
