CARMEN M. LÓPEZ Madrid | viernes, 23 de septiembre de 2016 h |

Las resistencias a los antibióticos ya son una amenaza mundial. Conclusión a la que ha llegado la ONU y por la que insta a los estados miembros a dedicar recursos para luchar de manera coordinada contra las resistencias bacterianas. El plazo: dos años para desarrollar sistemas regulatorios y de vigilancia, promover la innovación de nuevos antibióticos y mejorar el diagnóstico rápido, e invertir en formación. Es la cuarta vez que un tema sanitario se incluye en la agenda política mundial. No es para menos, las advertencias vienen de lejos, “los antibióticos se están acabando, es la hora de actuar”, avisó la Sociedad Americana de Infecciosas hace unos años.

Se calcula que pueden morir en los próximos años más de 700 mil personas. “¿Qué supondría vivir sin antibióticos como en el siglo XIX? Evidentemente si las bacterias se hacen resistentes los tratamientos serán mucho más difíciles, y corremos el riesgo de volver a la era preantibiótica, una etapa donde existirán bacterias que no serán tratables”, advierte Jaime Esteban, jefe asociado del servicio de Microbiología Clínica del Hospital Fundación Jiménez Díaz.

La realidad es que la falta de rentabilidad y las cuantiosas inversiones hacen que sean pocas las compañías que destinen esfuerzos en desarrollar nuevos antibióticos. De hecho, actualmente hay sólo 41 antibióticos en investigación, de los que sólo tres pueden acabar con más del 90 por ciento de las cepas definidas como problemas de salud pública. Según el informe O’Neil esto indica que “los antibióticos en desarrollo no cubren las lagunas clínicas necesarias que existen y que aumentarán en los próximos años”.

Una compañía tarda de media 15 años en desarrollar un fármaco. Las inversiones en este tiempo para poder llegar a comercializar el medicamento son numerosas, y a esto se suma que en el caso de los antibióticos las tasas de éxito son bastante reducidas. Además, se suma la dificultad de predecir la necesidad sanitaria de estos fármacos. Como indica el presidente de la Sociedad Española de Infecciosas y Microbiología Clínica (Seimc), Rafael Cantón, “la investigación de nuevos antibióticos a veces es un trance para la industria, ya que hay que dedicar muchos esfuerzos para sacar el adelante fármaco”. El tratamiento, en la mayoría de los casos, es para un uso agudo en una situación determinada, y las prescripciones no son tan altas. “La recuperación en gastos de investigación no son rentables, en un principio”, indica. También influye, a su juicio, la legislación de las patentes, puesto que la vida que tienen para los laboratorios son limitados. “Habría que hacer un esfuerzo regulatorio, de nuevos aspectos legislativos que mejoren que se investiguen nuevos antimicrobianos”.

Gasto sanitario

No es la primera vez que se pone sobre la mesa la necesidad de crear un fondo global común para el desarrollo de nuevos antibióticos, de forma que se estimule la investigación y favorezca la entrada de nuevos fármacos al mercado. De hecho, se estima que en 34 años el impacto económico de las resistencias alcance los 100 billones de dólares a nivel global. En términos de mortalidad, se espera que en esos años 10 millones de personas de todo el mundo mueran prematuramente a causa de las resistencias.

En el caso de España, la tarea es más complicada, ya que los indicadores de resistencia y de consumo de antibióticos son menos alentadores. Los expertos coinciden en que los profesionales están preparados y existen las estructuras necesarias en los diferentes sistemas para luchar contra esta ‘lacra’.

A corto plazo

Pero, “no hay una medida mágica que nos permita resolver el problema de forma inmediata”, explica Esteban. La Seimc ha puesto en marcha un decálogo al respecto para sumarse a la estrategia mundial. “Hacer obligatorios los Programas de Optimización de Uso de Antibióticos (PROA) como estrategias de calidad asistencial basados en la formación y dotarlos de medios necesarios” es una prioridad para la sociedad. Unos programas que como indica José Miguel Cisneros, vicepresidente de la Seimc y jefe de servicio de Enfermedades Infecciosas de los Hospitales Universitario Virgen del Rocío y Virgen Macarena, además de recopilar datos sobre el consumo de antibióticos, y sobre resistencias, van más allá de un puro registro y tratan de formar a los profesionales. El eje principal de los PROA es la formación, pero, ¿quién debe impartirla? A juicio de Cisneros deberían ser los especialistas en infecciosas y microbiología, sin embargo, en España no existe la especialidad, a diferencia de otros países. Una vieja reivindicación que ahora está más encima de la mesa teniendo en cuenta la urgencia mundial de solventar esta amenaza.

En este marco, ¿están todas las comunidades al mismo nivel? Cisneros asegura que aunque hace tres años que España aprobó el plan de lucha contra las resistencias, y el documento está terminado, “aún no hay resultados porque no está puesto en marcha”. Debido, en parte, a que “hace falta financiación acorde con la magnitud de la formación que son la clave de estos programas”. Es por ello que las diferentes autonomías han tenido un desarrollo heterogéneo, de manera que han impulsado programas integrales de mejora del uso de antibióticos, como el Pirasoa en Andalucía.

Además, hace falta evaluación. Otra de las líneas estratégicas es el impulso de indicadores a tiempo real en consumo de antibióticos, resistencias y consecuencias clínicas. “Son imprescindibles para conocer el trabajo que se está haciendo”, indica Cisneros, al tiempo que lamenta que España carece de datos sobre el consumo de antibióticos y las resistencias bacterianas.

En materia preventiva, el talón de aquiles de muchos sistemas sanitarios, la Seimc también aborda su estrategia. ”Una de cada dos prescripciones de antibióticos es inadecuada”, apunta Cisneros, lo que pone en evidencia las carencias formativas. “Este problema de la lucha contra las resistencias tiene su origen en los problemas de prescripción”, advierte.

Pero la formación no se queda sólo en los servicios, la población debe asumir su parte de responsabilidad. Como indica Cantón, impulsar programas educativos y formativos tanto a la sociedad como a los profesionales sanitarios es una tarea imprescindible.