El Senado ratifica el consenso político en torno al MIR de Urgencias

La Comisión de Sanidad de la Cámara Alta aprueba por unanimidad instar al Gobierno a crear la nueva especialidad
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Madrid
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23 oct 2018 - 09:53 h
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La Comisión de Sanidad del Senado ha aprobado por unanimidad —ratificando el consenso de todo el Parlamento— una moción socialista que insta al Gobierno a poner en marcha los procedimientos necesarios para incluir la medicina de urgencias y emergencias como especialidad primaria en el conjunto de especialidades médicas existentes en España.

El reconocimiento a este ámbito asistencial es un tema de largo recorrido, que ha recibido un amplio consenso. Lo han reclamado el Defensor del Pueblo y el Consejo Económico y Social; lo han reconocido las administraciones autonómicas y la central; lo han apoyado la OMC, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos y los sindicatos CCOO y UGT. En las Cortes Generales se han presentado iniciativas en este sentido en 2007 y 2017 por PSOE y PP, y recientemente fue aprobada mayoritariamente en la Comisión de Sanidad del Congreso, el pasado 28 de junio.

Precisamente el acuerdo de la Cámara Baja es el que ha inspirado la enmienda transaccional entre PSOE y PP, que ha permitido al Senado reiterar el consenso político en un tema técnico, como éste, y que ha sido calificado como un paso importante y necesario por parte de los distintos grupos.

“Una especialidad está por encima de las ideologías. No se debe potenciar porque haya grupos de favor o en contra. Una especialidad debe apoyarse cuando responda a las necesidades de los pacientes y debe atender a una demanda que precisa de expertos formados para un campo definido de actuación profesional. Este es el campo de actuación de la medicina de urgencias y emergencias”, ha asegurado Ricardo Canals, senador del PP.

María Concepción Palencia, de Unidos Podemos, ha destacado que a día de hoy los problemas de los servicios de urgencias no son precisamente la cualificación de profesionales, “sino la falta de recursos para que puedan hacer su trabajo en condiciones optimas”. No obstante, la portavoz ha considerado fundamental que se aborde “de forma básica y seria” la regulación de la troncalidad, y “una vez solucionado el problema básico”, se haga por áreas de capacitación específica o por subespecialidades, abordando el tema en el CISNS “para definir qué perfil y cuál es la mejor formación que debe darse a los profesionales” y “solucionar los problemas de la población, que no es lo mismo que dar alternativas para solucionar expectativas de los profesionales”.

En línea con esta consideración, el acuerdo alcanzado en el Senado incluye una enmienda más, por la cual se trasladarán al Consejo Interterritorial el debate, las conclusiones y los acuerdos alcanzados.

Calidad y seguridad

Los servicios de Medicina de Urgencias se viene prestando en los hospitales de manera estructurada desde 1983. En ellos trabajan miles de profesionales (a falta de registros, son más de 10.000, según los datos de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias) que, sin reconocimiento oficial, presentan como norma una gran diversidad en los perfiles profesionales: conviven médicos generalistas, de familia, internistas, cirujanos...

Pese a ello, los profesionales han conseguido, a través de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, elaborar un cuerpo doctrinal y asignar competencias basadas en la calidad científico-técnica, formativa y de gestión en la asistencia. Cada año se producen en España millones de asistencias urgentes en el ámbito hospitalario. En 2016, fueron más de 27 millones, y unos cuantos millones más en las emergencias sanitarias. La Medicina de Urgencias produce alta satisfacción de usuarios (los ciudadanos la consideran el cuarto pilar fundamental de la sanidad) y representa la puerta de entrada del 60 por ciento de los ingresos hospitalarios.

Crear la especialidad permitirá, según resumió María Borao, senadora socialista, asegurar y garantizar la calidad y la seguridad, y configurar estos servicios desde el punto de vista administrativo, social, docente. Desde la perspectiva profesional, asimilará a los profesionales españoles con los de la mayoría de países desarrollados. En Europa, 22 países reconocen ya una especialidad que también está contemplada en la normativa europea e incluso en la nacional (Real Decreto 1837/2008).

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