El proyecto de Ley de Protección de Datos no convence a las sociedades científicas. Junto a la advertencia de Facme de que puede frenar el desarrollo de la investigación, otras sociedades científicas como la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), y la Sociedad de Farmacología Clínica (SEFC) han mostrado su rechazo a esta futura normativa si no se resuelven algunos flecos.
La SEE ha pedido al Gobierno que remita en un plazo breve un proyecto de ley específicamente centrado en la protección de datos relacionados con la salud. El documento ha sido enviado a los grupos parlamentarios, así como al Ministerio de Sanidad para que se tomen medidas y no se impongan restricciones.
Una declaración a la que se han adherido ya la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas), la Asociación de Juristas de la Salud, la Asociación de Economía de la Salud (AES), la Sociedad Española de Sanidad Ambiental (SESA), la Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC) y la Sociedad Andaluza de Salud Pública y Administración Sanitaria “Hipatia” (SASPAS/Hipatia).
Además, el documento recoge el malestar que ha generado que se haya eliminado la disposición adicional que figuraba en un borrador previo, que instaba al Gobierno a remitir a las Cortes un proyecto de ley en el que se establecieran condiciones adicionales y, en su caso, limitaciones al tratamiento de datos relativos a la salud.
La SEFC también ha querido llamar la atención. “El sistema de garantías que se aplica en nuestro país para salvaguardar los derechos de los participantes en proyectos de investigación, está recogido en legislación específica sobre investigación médica y, en línea con lo establecido internacionalmente, atribuye un papel crucial a los Comités de Ética de la Investigación”, apuntan. Recuerdan que en España, cualquier proyecto de investigación con personas, sus datos o sus muestras biológicas debe ser revisado y aprobado por un CEI acreditado antes de iniciarse.
