Las últimas reformas del Código Penal español hacen que también las sociedades sanitarias, hospitales, instituciones e incluso colegios profesionales puedan ser imputados penalmente. Sobre esa premisa, y para prevenir riesgos, los expertos participantes en el Taller A.M.A., que se celebró en el 23º Congreso Nacional de Derecho Sanitario, han aconsejado a las personas jurídicas del ámbito sanitario desarrollar acciones de “compliance” y planes de prevención de delitos.
Raquel Murillo, directora general adjunta y directora del Ramo de Responsabilidad Civil de A.M.A. —que ejerció de directora y moderadora durante la sesión—, destacó que, tras las recientes reformas del Código Penal de 2010 y 2015 y de la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado, los tribunales todavía no han tenido tiempo material de unificar la nueva interpretación y aplicación de la normativa sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el ámbito sanitario.
Para Raquel Murillo, parece claro que, en adelante, esas personas jurídicas deberían empezar a trabajar en un plan de prevención eficaz de los delitos que puedan cometerse en su actividad. En su opinión, aunque hace falta que los tribunales precisen todavía más el alcance de esa responsabilidad penal, una planificación previa ayudará a mitigar los hipotéticos casos de responsabilidad que pudieran producirse en sociedades sanitarias.
El Taller A.M.A., organizado a través de la Fundación A.M.A., se ha convertido en cita de apertura obligada del Congreso Nacional de Derecho Sanitario, que la Asociación Española de Derecho Sanitario, presidida por Ricardo de Lorenzo, convoca cada año en el Colegio de Médicos de Madrid.
