En la antesala del primer Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (Cisns) que presidirá la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, el 21 de junio, reaparecen peticiones históricas algunas de las cuales podrían contemplarse en el orden del día, que al cierre de esta edición todavía no se conoce.
Uno de ellos podría ser la creación de nuevas especialidades en áreas como Enfermedades Infecciosas y Urgencias. Sobre este asunto, la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc), la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) y la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) han reiterado su rechazo, una postura común que comparten con la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) y Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (Semicyuc).
Estas sociedades científicas, que recuerdan que representan a más de 60.000 especialistas médicos, más de la mitad de los especialistas españoles, sustentan en cinco puntos su rechazo a la posible creación de ambas especialidades. En primer lugar, hacen hincapié en que la creación de nuevas especialidades debe basarse en las necesidades de la población, teniendo en cuenta factores como el envejecimiento demográfico y la epidemia de enfermedades crónicas.
Asimismo, remarcan que estas sociedades científicas defienden un sistema asistencial centrado en las necesidades del paciente y en su atención desde una perspectiva integradora, que no encaja con la fragmentación que supondría la creación de estas especialidades.
En la misma línea, subrayan que la creación de estas nuevas especialidades conllevaría un incremento de costes que no se justifican y que en su día estuvo detrás de la suspensión del decreto de troncalidad desde el Tribunal Supremo.
Por otra parte, recuerdan que la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias incluye la posibilidad de establecer Áreas de Capacitación Específica, a partir de profesionales de distintas disciplinas con un cuerpo común.
Para finalizar, hacen hincapié en que la suspensión del decreto de Troncalidad requiere una fase de reflexión tranquila y consensuada que no se ha dado y consideran imprescindible.
