miércoles, 16 octubre 2019

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    Alberto Núñez Feijóo.
    Redacción Madrid

    El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha salido al paso de las acusaciones de impedir el acceso a la sanidad pública a los desempleados de larga duración durante el intervalo en el que se da de baja la tarjeta sanitaria vinculada...

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    C.R. Madrid Como cada año, el Servicio Gallego de Salud (Sergas) ha actualizado las tarifas de los servicios sanitarios que cobrará a los terceros obligados a pagarlos. La novedad es que el nuevo decreto, publicado el 8 de noviembre en el Diario Oficial de Galicia, incorpora una disposición adicional única que permite establecer “un procedimiento para repercutir en los usuarios los gastos ocasionados por estos como consecuencia de un uso irresponsable de las prestaciones asistenciales del Sistema Público de Salud de Galicia”. Pese a sus aclaraciones, la consejera de Sanidad, Pilar Farjas, no ha conseguido disipar la idea de que la Xunta está intentando introducir el copago sanitario de forma solapada. El grupo popular, primero, y la propia Consejería de Sanidad, después, han intentado salir al paso de las críticas asegurando que la novedad del decreto incorpora específicamente, y por recomendación de la Asesoría Jurídica de la Xunta, diversos apartados de la Ley de Salud de Galicia aprobada por el bipartito en el año 2008, “por lo que no existe ninguna novedad legislativa al respecto” y lo único que se está haciendo es “cumplir la ley”. En concreto, los populares se refieren a los puntos 4,5, 10 y 11 de esta Ley, que regulan los deberes de la ciudadanía y abrirían la puerta a cobrar a quienes no usaran “adecuadamente” los recursos, servicios y prestaciones ofrecidas por el sistema sanitario; que no mantuvieran “la debida observancia” de las normas establecidas en cada centro; que no cumplieran las normas y procedimientos de uso y acceso a los derechos que le otorga la ley y que no comunicaran al sistema sanitario, “a la mayor brevedad posible, la no utilización por cualquier causa de un servicio programado previamente”. Sin embargo, esta Ley no hace ninguna referencia a que incumplir estos puntos deba ser castigado con multas. En esta tesitura, es la utilización del concepto ‘mal uso de la sanidad’ lo que se pone en tela de juicio y es “técnicamente peligroso”, para el PSOE, que ante el temor de que esta decisión sea un aperitivo de lo que ocurrirá si el PP gana las elecciones, ya ha registrado iniciativas parlamentarias para conocer su alcance. “¿Qué juez va a decidir el mal uso de la sanidad pública?”, preguntaba la semana pasada la diputada Carmen Acuña. La misma pregunta se hacen en el BNG, la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública o el sindicato Comisiones Obreras. “Si un usuario acude a urgencias sin ir antes a su médico de familia, ¿tendrá que pagar? Si a un usuario al que le cambien por quinta vez una cita de traumatología por la que está esperando desde hace dos años se le olvida la cita o no comunica que no puede ir, ¿se le impondrá una multa con intereses de demora? ¿Y si una persona mayor acude muchas veces a su centro de salud?”, pregunta la secretaria general de la Federación de Sanidad de CC.OO. No es la única iniciativa polémica adoptada por la Xunta. Para frenar los “usos indebidos” del sistema sigue apostando, pese a que el Ministerio lo cree ilegal, por exigir a los pacientes de fuera de Galicia el requisito de estar seis meses censado para operarse allí. Además, recientemente también anunció que la renovación de la tarjeta sanitaria dejaría de ser gratuita para costar 10,5 euros.
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