Arranca el mes de octubre que es, por definición, el mes de la lucha contra el cáncer de mama, con el punto álgido en su día mundial, el próximo 19 de octubre. En estas semanas se sucederá un auténtico aluvión de información con la mirada puesta en este tipo de cáncer, que, a diferencia de muchos otros, tiene una enorme visibilidad sustentada firmemente en su impacto social. Tenemos presente que el cáncer de mama es el más frecuente en la mujer española. Se calcula que una de cada ocho mujeres en nuestro país tendrá un cáncer de mama en algún momento de su vida. No es baladí.

El desarrollo de nuevos tratamientos que mejoran la calidad de vida y la supervivencia de estas pacientes está en continua evolución y ocupan buena parte de los titulares, presentes y futuros, sobre oncología médica. Sin embargo, en esta última semana, el enunciado más llamativo vuelve a poner el foco en la prevención secundaria. Los senadores que integran la comisión de Sanidad de la cámara alta se han mostrado de acuerdo, con un solo voto en contra, de recuperar el ritmo prepandemia en los cribados de cáncer de mama.

Para ello, y tal y como se defendió desde el Grupo Izquierda Confederal, abogan por financiar adecuadamente a las comunidades autónomas para que puedan avanzar la edad de inicio de mamografías o cribados en mujeres asintomáticas a los 40 años, volviendo así a cifras previas a la crisis sanitaria de los últimos dos años.

Mientras, desde la Federación Española de Cáncer de Mama hacen públicos los resultados de una encuesta sobre las necesidades de las mujeres con cáncer de mama, más allá de la enfermedad. Los datos reflejan el sentir de un total de 592 mujeres pertenecientes a las 47 asociaciones que integran la federación.

El margen de mejora es ingente, sobre todo en relación a la información que reciben por parte de los profesionales. Un 96,5 por ciento considera necesario mejorar la información sobre la alimentación en estas pacientes. Un 53 por ciento asegura no haber recibido información específica sobre su práctica de la actividad física y hasta un 97,3 por ciento valora como esencial contar con apoyo legal para resolver temas relacionados con el trabajo o con otros ámbitos.

Más cifras: un 57,4 afirma que la enfermedad afectó a su entorno laboral y más del 95 por ciento cree necesario solicitar reducción de jornada tras la baja por enfermedad oncológica. Todo ello, sin perder de vista la baja cobertura de terapia psicológica (apenas un 17 por ciento la obtuvo a través del sistema público) y la necesidad de apoyo social, un área en la que hasta un 75 por ciento de las encuestadas echa en falta una mayor coordinación entre los servicios sociales y sanitarios.