Si el pasado lunes era el PNV el que registraba una enmienda a la totalidad al proyecto de Ley por el que se crea la Agencia Estatal de Salud Pública para que sea devuelto al Ejecutivo, el martes fue Junts el que presentaba su rechazo al considerar que el proyecto “invade claramente las competencias de Cataluña”. El PSOE respondió ampliando el periodo de enmiendas al articulado, hasta el próximo miércoles, 28 de febrero, y el jueves se debatirán en pleno en el Congreso de los Diputados.
El movimiento de nacionalistas vascos e independentistas catalanes podría tumbar la norma e inclinar hacia el PP el equilibrio parlamentario. Al tratarse de enmiendas de totalidad con devolución, el voto favorable de los ‘populares’ en el debate del jueves devolvería el proyecto de Ley al Gobierno. Sin embargo, si vota ‘no’ o se abstiene, el proyecto seguirá su tramitación. En cualquier caso, a menos que PNV y Junts negocien con el Gobierno cambios en la normativa antes de que se debatan las enmiendas a la totalidad, la aprobación de la actual ley quedaría en manos del PP.
De esta forma, el departamento de Mónica García se ve obligado a entenderse con sus socios, al igual que ocurre en otros ámbitos al margen del sanitario. Precisamente, el PP ha sacado adelante esta semana una decena de votaciones en las comisiones gracias al apoyo o la abstención de PNV y Junts. Por ejemplo, la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación aprobó el miércoles una iniciativa del PP que instaba al Gobierno a ampliar la reducción del IVA de productos básicos a carne, pescado y conservas, con el voto favorable del PNV y la abstención de Junts.
La composición de la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados también obliga al Ejecutivo a contar con sus socios. De lo contrario, a los de Alberto Núñez Feijóo les bastaría con la abstención de las formaciones independentistas y el voto favorable de Vox para sacar adelante sus iniciativas.
En el Senado, la aritmética parlamentaria es otra, ya que será la mayoría absoluta del PP la que marque el ritmo de la legislatura. Sin embargo, desde la formación azul se han abierto al diálogo. “Creo que puedo representar el sentir de todos los miembros de la comisión, mi objetivo es el de colaborar desde la institución del Senado con los gestores responsables”, indicó a Gaceta Médica Mar San Martín Ibarra, presidenta de la Comisión de Sanidad del Senado.
Papel del CISNS
También en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), el principal órgano de cogobernanza, la ministra Mónica García tendrá que consensuar las políticas sanitarias con una mayoría ‘popular’. No en vano, el PP ostenta 11 de las 17 consejerías de Sanidad autonómicas. Aunque la ministra aseguró desde el primer momento que buscará el apoyo y la coordinación con todas las comunidades autónomas, los consensos llegan con cuentagotas.
El último CISNS, sin embrago, acabó con cuatro acuerdos entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas para reforzar la Atención Primaria: revisar los criterios de acreditación de las plazas MIR, completar el registro de profesionales, mejorar las condiciones laborales y que los residentes de último año trabajen de forma autónoma en verano.
Cuestiones pendientes
Con todo, tampoco en Sanidad el Ejecutivo de Pedro Sánchez va a tener un camino de rosas. La Agencia Estatal de Salud Pública, que entraña grandes intereses autonómicos para acoger la sede (Aragón, concretamente Zaragoza; o Andalucía, con la candidatura de Granada, -ambas CC. AA. del PP- se han postulado), es solo uno de los asuntos pendientes que tiene por delante el Ministerio de Sanidad.
La reforma de la Ley de Garantías, conocida como Ley del Medicamento, que no acaba de materializarse, es una de esas cuestiones en curso. Según los expertos, la normativa ha de estar centrada en equilibrar los déficits del mercado farmacéutico.
En la agenda sanitaria de la legislatura también estará el Plan estratégico de la Industria Farmacéutica 2023-2025, por el que se prevé una inversión global de más de 8.000 millones de euros. De momento, el Gobierno creó un Grupo de Trabajo con la industria para la elaboración del plan.
Por otra parte, mientras que el Real Decreto (RD) de evaluación de tecnologías sanitarias ya se ha mencionado como una prioridad del nuevo Ministerio, el RD de precio y financiación aún está por ver. Entre los cometidos de este último RD estará el de abordar la financiación de fármacos disponibles en situaciones especiales.
