DG de AESEG viernes, 23 de enero de 2015 h
El mercado de los medicamentos biosimilares en España factura alrededor de 40 millones de euros, cifra que podría multiplicarse de forma exponencial durante los próximos cinco años.
Entre 2015 y 2019 expirarán las patentes de 12 de los medicamentos biológicos más vendidos en el mundo. Se trata de biofármacos que afectan a terapias clave como el cáncer, la diabetes, la esclerosis múltiple o la artritis reumatoide y que, además, se encuentran entre los más importantes en términos de costes para los sistemas sanitarios (están entre los 10 medicamentos más caros en todo el mundo, especialmente, en los países europeos). Esta situación favorecerá la irrupción de una nueva generación de biosimilares y la apertura de un mercado potencial de 1.300 millones de euros que generará —según datos de estudios recientes— un ahorro de 1.500 millones de euros hasta 2020.
Además de contribuir a la sostenibilidad financiera de nuestro Sistema Nacional de Salud (son una herramienta clave para reducir costes sin hacer recortes), la irrupción de estos nuevos biosimilares jugará un papel fundamental para la salud de los ciudadanos al mejorar el acceso a los tratamientos biológicos frente a enfermedades graves y estimular la innovación farmacéutica y optimización de los protocolos terapéuticos. Se prevé que en 2018, los productos biofarmacéuticos representen el 50% del gasto en medicamentos.
Si queremos aprovechar al máximo las oportunidades que brindan estos fármacos urge establecer los mecanismos oportunos para facilitar su entrada en el mercado. El sector necesita contar con un marco normativo nacional propio. Una regulación que cree las condiciones necesarias para el desarrollo de este mercado en España y que garantice la inversión de las compañías.
Poner en el mercado un medicamento biosimilar requiere una inversión media de 100 millones de euros. Implementar un sistema de precios y financiación que no tenga en cuenta las características especiales de los biosimilares desincentivaría la inversión en la fabricación de este tipo de productos. Por un lado, el precio de estos fármacos no debería caer más del 20 por ciento respecto del original. Por otro, es necesario crear una normativa específica que implique su salida del Sistema de Precios de Referencia (SPR). Más aún teniendo en cuenta que el SPR es un sistema creado para posibilitar la sustitución entre medicamentos incluidos en un mismo conjunto, algo que no se puede aplicar a los biosimilares. La ley determina que estos medicamentos no son sustituibles.
Igualmente es imprescindible desarrollar una política de información y formación que traslade a los profesionales sanitarios, a los pacientes y a la sociedad en general la confianza en el uso y consumo de estos medicamentos en la práctica clínica. Y deben ser las administraciones sanitarias quienes den un paso al frente en este sentido.
La consecución de las ventajas que ofrecen los medicamentos biosimilares está en sus manos.
En 2018 los productos biofarmacéuticos representarán
el 50% del gasto
