presidente del Sector Nacional de Sanidad de CSI-F viernes, 03 de octubre de 2014 h
La transferencias en Sanidad a las Comunidades Autónomas han vaciado de contenido al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI), que conserva, constitucionalmente y en exclusiva, la fijación de las bases y coordinación general de la sanidad a través del Consejo Interterritorial de Salud (CIS).
Los acuerdos adoptados en el seno del CIS carecen de poder vinculante, al que incluso las Comunidades hacen novillos (como las Comunidades socialistas en el CIS informal de 23 de Septiembre), lo que a efectos prácticos hace del SNS, en palabras del Consejo Económico y Social de España, un órgano que carece de personalidad jurídica propia en torno a la que se vertebre la idea de sistema, más allá de la suma de las actuaciones de los distintos servicios de salud.
Las indudables ventajas de la descentralización de competencias en materia sanitaria, se han tornado en lanzas de discriminación, por la diferencias en el acceso a las prestaciones sanitarias entre las distintas Comunidades autónomas. La prueba evidente, recogida por la prensa, es la negativa a atender pacientes fuera de su Comunidad habitual de residencia.
Hoy nuestros hijos no son vacunados de manera uniforme, la prestación en farmacia es distinta en función del lugar en que se vive, la atención en Centros sanitarios de referencia se nos niega, en razón de la localización geográfica del Centro en cuestión, etc…
CSI-F viene denunciando desde hace años el grave problema que supone la dejación del MSSSI a ejercer de manera efectiva el mandato constitucional de coordinación del Sistema, mediante la modificación del CIS cuyos acuerdos sean vinculantes. Citando de nuevo al Consejo Económico y Social de España “no se ha conseguido superar la dificultad y la lentitud en la toma de decisiones, la opacidad informativa de sus actividades y la variabilidad en la aplicación de sus acuerdos”.
Pero esta falta de cohesión afecta asimismo a los trabajadores del sistema sanitario, CSI-F ya lo recogía en una Ponencia sobre cohesión del SNS en 2010, que son discriminados en función del lugar en el que trabajan, con graves diferencias en jornada laboral, retribuciones, carrera profesional, dedicación exclusiva y otras que restringen su derecho a la movilidad dentro del territorio español.
Parece por tanto meridianamente claro que nuestro Sistema Sanitario necesita de una labor de coordinación, que pasa por una revisión en profundidad del papel del Consejo Interterritorial y una potenciación del Ámbito de negociación que fije criterios comunes al interés general de los ciudadanos y trabajadores sanitarios, aún a costa de limitaciones competenciales, como recoge el artículo 150.3 de la Constitución Española: “El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general.”
