El conflicto interno del Colegio de Médicos de Madrid (Icomem) se recrudece en los tribunales de justicia. A mediados del pasado septiembre el juzgado de Instrucción número 38 de Madrid aceptó a trámite una querella contra la presidenta de la corporación, Sonia López Arribas, por prevaricación administrativa. A este proceso se suma la denuncia del compromisario y ex presidente de la Organización Médica Colegial, Guillermo Sierra, para que se declare ilegal la Asamblea que aprobó las cuentas el 23 de abril de este año.
El primer caso corresponde a la querella que interpuso el resto de los miembros de la Junta Directiva contra su presidenta por un supuesto delito continuado de prevaricación administrativa. El pasado 24 de septiembre, López Arribas acudió a recoger la documentación y en noviembre deberá declarar, según han explicado fuentes del colegio.
Tanto el juez como el fiscal han expresado sus dudas de que exista un delito de prevaricación administrativa. Pero a pesar de esta reflexión, ambos creen necesaria la apertura de diligencias previas. En el auto, el magistrado no entra a valorar ciertas actuaciones “referidas a la interposición de recursos por parte de la querellada o su votación negativa en diferentes reuniones con un consiguiente voto particular”. Sí advierte en el texto de que “no es descartable que la conducta omisiva de la querellada relativa a actuaciones quizás obligatorias para ella y no realizadas (en esencia, la ejecución de los acuerdos del órgano colegiado) así como la conducta comisiva del nombramiento de un director general pueden ser incardinables en el tipo penal imputado”.
El magistrado se refiere al nombramiento del hombre de confianza de López Arribas, Antonio Mora, como director general. Su elección generó polémica en el colegio hasta tal punto que la Asamblea se posicionó en contra de su designación y la Junta terminó por forzar su despido.
La fiscal en su informe se expresa en término parecidos a los del juez. Argumenta que la conducta de la presidenta “que, según los querellantes, supondría una permanente obstrucción al normal funcionamiento del colegio” no tiene “encaje en el artículo que se menciona”. No obstante, detalla que el nombramiento del director general “por decisión unilateral”, su negativa a la firma de convenios y contratos “negociados y aprobados con diferentes entidades y empresas”, su rechazo a firmar las órdenes de pago y la falta de justificación de sus gastos de representación “podrían rebasar los límites del ilícito administrativo y pudieran ser constitutivos de infracción penal”.
Asamblea de abril
También se ha producido el acto de conciliación por la denuncia interpuesta por Sierra contra el colegio por la asamblea celebrada en abril, cuyo fin era la votación sobre el balance, las cuentas de resultados y la liquidación presupuestaria del ejercicio 2014. El compromisario se basa en un informe que realizó la asesoría jurídica del Icomem, en el que se pone de manifiesto que “no se puede considerar válida la votación del único punto del orden del día”.
El texto de la asesoría alega que “no se ajusta a derecho la deliberación y acuerdo sobre asuntos no incluidos en el orden del día”. La presidenta había incluido un punto con el fin de eliminar todos los contratos firmados con empresas externas.
Se da la circunstancia de que en aquella asamblea participaron invitados de la presidenta y compromisarios que aún no habían tomado posesión de su cargo. Tampoco se cumplió otro de los puntos de los estatutos, la previa identificación del votante por parte del secretario. “No resulta válida una votación en la que hayan podido participar invitados, por cuanto solo tienen derecho al voto los compromisarios, en este caso, los que venían ejerciendo como tales desde 2009”.
