Carlos B. Rodríguez Madrid | martes, 05 de mayo de 2015 h |

Ampliaremos y desarrollaremos la actual cartera de servicios y prestaciones en el ámbito del Sistema Público de Salud. Son varios los partidos que a fecha de hoy están buscando pactos de gobierno en las comunidades autónomas y que incluyeron este mensaje en sus programas… Una promesa que, sin embargo, parece no tener en cuenta que, desde que el Congreso de los Diputados aprobó la semana pasada la reforma de la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas, en muchas regiones la ampliación de la cartera estará condicionada al cumplimiento de los techos de gasto sanitario y farmacéutico.

Los programas electorales parecen así haber pasado por alto el carácter “absolutamente intervencionista” que para la oposición subyace en las enmiendas sanitarias incluidas en este proyecto, que salió adelante de manera definitiva sin haber llegado a ningún tipo de acuerdo entre los grupos parlamentarios, y que podría llegar a permitir al Gobierno central anular la cartera complementaria de una comunidad autónoma y limitar el acceso de las regiones al reparto de recursos económicos para la sanidad si su gasto sanitario o farmacéutico excede el PIB.

En este ocasión, el Grupo Popular sí que respondió a las declaraciones vertidas desde grupos que a fecha de hoy tienen responsabilidades de gobierno en algunas comunidades autónomas, a los que acusó de criticar las medidas del Gobierno para luego “ir a la puerta del ministerio a pedir dinero” y recordó que el mecanismo es voluntario: “Si no les gusta el fondo, no se acojan”, señaló la diputada popular María Eugenia Romero.

Desconocimiento autonómico

Junto a las menciones al intervencionismo, la recentralización y la invasión competencial, sobre los techos de gasto aprobados por el Congreso de los Diputados también pesa otra acusación. A fecha de hoy, ninguna comunidad autónoma, según CiU, ha sido informada de manera oficial sobre estos mecanismos. El portavoz del grupo catalán en la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, Antoni Picó, lanzó esta cuestión en la votación del primer dictamen, el 16 de abril, y la pregunta quedó sin responder por parte del grupo popular.

En el trámite del Senado las autonomías habrían seguido sin recibir información, según denuncia el grupo catalán. Ciertamente hubo intención de hacerlo, en la cita del Consejo de Política Fiscal y Financiera que se iba a celebrar en la semana del 20 abril y que también tenía previsto tratar los acuerdos de financiación en materia de hepatitis C, pero la cita fue desconvocada.

Sin embargo, el Gobierno sí que ha informado a los servicios de la Comisión Europea sobre el procedimiento legislativo que seguían estos mecanismos en la actualización del Programa de Estabilidad y del Programa Nacional de Reformas, así como de las previsiones de ahorro que se van a obtener: 500 millones de euros este mismo año, y otros 500 adicionales en 2016. “Mil millones de euros en dos años y no hablan con las comunidades”, señaló Picó.

A este respecto, afirmó estar “seguro de que no han querido hablar con ellas porque saben que lo que les dirán es que para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario lo que hay que hacer es aumentar los recursos presupuestarios estatales, resolviendo la tradicional infrafinanciación del sistema y garantizando el principio de lealtad institucional, esto es, transfiriendo financiación específica para las nuevas prestaciones aprobadas por el gobierno”.

A por los acuerdos sectoriales

Una vez finalizado el trámite parlamentario de los techos de gasto sanitario y farmacéutico, el siguiente paso será la firma de los primeros acuerdos sectoriales con las patronales de la industria farmacéutica, que Farmaindustria anunció para finales del mes de mayo. Según ha podido saber EG, dichos acuerdos se firmarán no antes de la segunda semana de junio.