carlos b. rodríguez Madrid | viernes, 28 de marzo de 2014 h |

“El Sistema 2009 no resulta efectivo para garantizar un nivel mínimo de financiación para la prestación de los servicios públicos fundamentales”. Así de contundente es la postura que la Junta de Andalucía ha trasladado al Ministerio de Hacienda de cara a la reforma del sistema de financiación de las comunidades de régimen común. El informe realizado por la consejería de Hacienda liderada por María Jesús Montero retoma la idea que el PSOE quiso impulsar a finales de 2013 para blindar el gasto sanitario mediante un suelo de gasto social que también afecte al resto de servicios públicos fundamentales.

Según la Junta, es necesario cuantificar el coste promedio de dichos servicios y establecer un Fondo de Garantía que garantice su cobertura. Dicho fondo existe desde 2009, aunque el análisis andaluz concluye que no ha tenido éxito a la hora de garantizar que las comunidades reciban los mismos recursos por habitante, en términos de población ajustada o unidad de necesidad, para la prestación de la asistencia sanitaria, educativa o los servicios sociales. “En efecto —indica el informe regional—, el Fondo de Garantía del Sistema 2009 arroja para algunas comunidades una insuficiencia en la financiación de los servicios públicos fundamentales mientras que concede una sobrefinanciación de estas mismas competencias para otras”. Entre las primeras se encontrarían, además de Andalucía, Murcia, la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares. Las demás experimentan, bien un superávit claro en la financiación de sus servicios fundamentales (Cataluña, Galicia y Castilla-La Mancha), bien una disminución de sus necesidades globales de financiación (el resto).

Según la Junta, el modelo ha profundizado la desigualdad de la financiación entre las comunidades (por habitante ajustado) pese a tener iguales competencias. Según Montero, ello obedece, por una parte, a que el criterio de la población ajustada se aplica de manera directa solo a una parte de los recursos del sistema, al Fondo de Garantía, mientras que el resto se reparten sin este criterio, por lo que se “neutraliza el efecto de la población ajustada”. Asimismo, ve como otro problema el hecho de que este fondo “solo garantiza” la igualdad en la prestación de los servicios públicos fundamentales, pero “un nivel mínimo de financiación” para cada comunidad autónoma.

En 2009, el sistema arrojó 1.426,56 euros por habitante ajustado para financiar estos servicios, cifra que creció hasta los 1.655,77 euros en 2010. Pero los datos de 2011 y la estimación de 2012 reflejan cómo la financiación ha presentado una tendencia a la baja, pasando a suponer 1.627,32 y 1.585,33 euros por habitante ajustado, respectivamente, para repuntar en el 2013 y volver a bajar en el 2014, aunque estas dos últimas cifras son datos provisionales referidos a entregas a cuenta. Esto ocurre, explica Andalucía, porque la dotación global del Fondo de Garantía viene influida por la evolución de los recursos tributarios de las comunidades y del Estado.

Si se trata exclusivamente de la Sanidad, las cifras hablan por sí solas. Los técnicos andaluces consideran que, de cara a reformar el sistema, es necesario conocer con exactitud la estructura de gasto autonómico en relación a estos servicios. En el caso de la sanidad, además de los datos de liquidación presupuestaria, el informe andaluz considera la información disponible a través de la Estadística de Gasto Sanitario Público del Ministerio, que recoge el gasto real y no el contabilizado en el ejercicio que se liquida. En ambos casos, las conclusiones son similares: aunque las medidas de ajuste han llevado a una reducción generalizada del gasto sanitario entre 2009 y 2011, el cómputo global desde 2007 registra un crecimiento positivo de esta factura para el conjunto de las comunidades autónomas. Y lo mismo ocurre con el gasto sanitario per cápita.