La institución del Defensor del Pueblo ha recibido en los nueve primeros meses del año un total de 21.459 quejas, mientras que en el mismo periodo de 2012 registró un total de 19.411, especialmente en materia de Sanidad, que han aumentado un 59,5 por ciento, Registro Civil y parejas de hecho, así como sobre la Hacienda pública y los tributos, lo que supone un aumento del 10,5 por ciento para este periodo.
Así lo ha confirmado la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, durante su comparecencia en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para informar sobre la actividad de la institución hasta el pasado 30 de septiembre.
En materia sanitaria, Becerril ha hecho referencia en su intervención a las recomendaciones realizadas a distintas comunidades autónomas, especialmente a Castilla y León y Baleares, ante la demora en las listas de espera, que en algunos casos son especialmente “altas”.
En su comparecencia, ha recordado también que el Presupuesto de la Defensoría para 2014 se reduce por debajo de los 14 millones, en concreto se sitúa en los 13.950.000 millones de euros; un 0,5 por ciento menos que en 2013 porque se han recortado algunos gastos, aunque sin merma de su actividad.
Dentro de su actividad, el Defensor del Pueblo tiene potestad para presentar un recurso de inconstitucionalidad en nombre de una institución, colectivo o persona que así se lo solicite, siempre que lo vea conveniente.
En este sentido, Becerril ha resaltado que los recursos de inconstitucionalidad han descendido en estos nueve primeros meses de 2013 puesto que el año anterior “aumentaron de manera considerable” por la supresión de la paga extra de los funcionarios, donde muchos solicitaron su presentación de forma individualizada. Ahora hay 6.457 solicitudes de recursos, frente a las cerca de 16.000 en 2012, según ha indicado.
En cuanto a las instituciones que no colaboran con la Defensoría, Becerril ha subrayado que su número ha descendido, desde las 54 registradas hace casi un año, a las siete en la actualidad. “Si estas administraciones persisten en su actitud se dará traslado a la Fiscalía”, ha sentenciado. Según ha enumerado se trata del ayuntamiento de Arucas (Las Palmas); el ayuntamiento de Coslada (Madrid); el ayuntamiento de Teguise (Las Palmas); la diputación provincial de Albacete; la consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía; la consejería de cultura, deportes, políticas sociales y vivienda en Canarias; así como la Comunidad de Regantes ‘Virgen de las Nieves’ (Alicante).
