Contar con datos de coste-efectividad, inservible sin el interés de los decisores

Un informe establece un umbral para los tratamientos de entre 20.000 y 25.000 euros por AVAC
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17 jun 2016 - 16:00 h
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“Están llegando nuevos tratamientos inmunooncológicos que van a tener que ser evaluados económicamente en el proceso de negociación de precios en el ministerio de Sanidad”. Es una de las reflexiones que ha realizado Javier Mar Medina, vocal de la Asociación de Economía de la Salud (AES), durante las jornadas de Economía de la Salud que tuvieron lugar la semana pasada en la Universidad de Murcia.

Los informes de coste-efectividad han comenzado a incluirse en los dossieres que realiza la industria farmacéutica. “Hasta ahora en España no estábamos familiarizados este tipo de estudios y no se tenían en cuenta, porque no se sabían interpretar”, añade Mar Medina, quien explica que hay una serie de agentes como oncólogos, miembros de agencias de evaluación de tecnología o economistas de la salud que han profundizado en este enfoque metodológico y que se encuentran a “disposición de dar soporte a las necesidades del ministerio a la hora de interpretar este tipo de estudios”.

Esta metodología ya la viene aplicando el Instituto Nacional de la Salud y la Excelencia Clínica (NICE, por sus siglas en inglés) de forma sistemática. Tanto Nicholas Latimer, de la Universidad de Sheffield, como Paul Tappenden, miembro del Instituto NICE, explicaron que los resultados obtenidos en los ensayos clínicos respaldan el acceso al mercado de los tratamientos. Sin embargo, insistieron en que la duración de los mismos es muy limitada, por lo que resulta necesario calcular la medida de supervivencia ajustada por calidad de vida.

Nuevo umbral

El Sistema Nacional de Salud (SNS) ha iniciado los primeros pasos por esta vía. El umbral del coste-efectividad de los tratamientos médicos en España debería situarse en un rango de entre 20.000 y 25.000 euros por año de vida ajustado por calidad (AVAC). Así lo recomienda el estudio ‘Valor Monetario de un Año de Vida Ajustado por Calidad: Estimación empírica del coste de oportunidad en el Sistema Nacional de Salud’, que ha sido coordinado por la experta en Economía de la Salud, Laura Vallejo, y que se presentó en las Jornadas de Economía de la Salud. También han participado en su elaboración del Servicio de Evaluación del Servicio Canario de la Salud en colaboración con la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del SNS.

Los expertos llegan a esta recomendación tras calcular el coste promedio por AVAC. En el periodo que abarca entre 2009 y 2013 se situó entre 21.000 y 24.000 euros. Precisamente, la conclusión a la que llega el informe fija un baremo similar al que estableció el Instituto NICE en el Reino Unido.

Esta nueva metodología viene a resolver una de las carencias del sistema sanitario español. “En España no tenemos un valor que realmente nos ayude a decidir si una tecnología es eficiente, si el coste que tiene está justificado por las mejoras en salud que son capaces de producir”, explicó Vallejo, durante la presentación del informe.

La implantación de esta herramienta se encontraría en una primera fase hasta su utilización en todo el territorio nacional. Expertos en economía de la salud se han mostrado favorables a la introducción de un umbral que pueda medir la incorporación de las tecnologías sanitarias. La presidenta Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, Beatriz González López-Valcárcel, subrayó que este tipo de medidas “previene de la improvisación a los gobernantes”.

Uno de los problemas que hallaría para su implementación es la falta de cumplimiento de la normativa vigente, como denunció Salvador Peiró, subdirector general de Investigación e Innovación en salud de la Dirección General de Investigación, Innovación, Tecnología y Calidad de la Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública de la Comunidad Valenciana.

Falta de interés de los decisores

Otro de los problemas que encuentra la evaluación económica es su impacto en los decisores. Existe un debate sobre la utilidad del conocimiento generado pro los economistas de la salud, si se traslada a la realización de políticas que mejoren la eficiencia equidad del sistema. “Se observa que hay un potencial social muy importante, pero para ser realmente relevante nos falta ajustar los canales de comunicación y las personas que diseñan las políticas y después las ponen en marcha”, subrayó Juan Oliva, investigador del Seminario de Economía y Salud de la Universidad de Castilla-La Mancha.

José María Labeaga, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, se mostró más crítico: “Son temas relevantes pero el decisor público no tiene en cuenta los asuntos que se discuten”. Labeaga puso como ejemplo el conflicto que existe entre el Gobierno y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.

La presidenta de la Asociación de Economía de la Salud, Pilar García-Gómez, lamentó el escaso espacio que han dedicado los partidos políticos a sanidad en las dos últimas campañas electorales y durante las negociaciones fallidas para la formación de Gobierno. Ante esta situación, García-Gómez, cambió su discurso con respecto al año anterior.

Si en el congreso de la edición anterior se mostró más optimista, este año ha expresadosu preocupación por la situación actual. “Había cierto clima de cambio que parecía propicio para el diseño de políticas que necesitamos para mejorar la salud de la población, pero lamentablemente nada ha cambiado” señaló.

Ante la falta de encuentro que existe en la actualidad en el SNS, insistió en la necesidad de un pacto por la sanidad entre las diferentes formaciones políticas.

Durante su intervención, se mostró crítica con las medidas que se han tomado en los últimos años. “Si se han hecho reformas han sido recortes lineales y no nos hemos preocupado en evaluar qué es aquello que no funciona y a la hora de introducir nuevas tecnologías a veces la evaluación económica no ha estado dónde debería estar”, ha añadido García Gómez.

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