Las reacciones que sigue acumulando la enmienda incluida por el Grupo Popular a la reforma de la Ley de Financiación hacen prever el intenso debate sanitario que tendrá lugar dentro y fuera del Congreso. Al argumento de la sostenibilidad del sistema sanitario se enfrenta no solo el del intervencionismo estatal y la invasión de competencias, sino también el de la incompatibilidad con la política farmacéutica.
La consejera de Sanidad de Andalucía en funciones, María José Sánchez, alerta de que el Gobierno pretende “intervenir de facto” la gestión de las comunidades, concediéndoles “un préstamo a cambio de recortes sanitarios”. En un momento en el que PSOE solicita el blindaje del gasto sanitario y su incremento, el grupo popular viene a propone un porcentaje del 5,3 por ciento del gasto, cuando Andalucía cifra sus necesidades sanitarias en torno al 7.
La visión andaluza anuncia el enfrentamiento frente a algunas regiones (no todas) gobernadas por el PP. El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz, se muestra de acuerdo con la propuesta. “De alguna manera hay que poner freno a un posible descontrol del gasto”, dijo. En esta línea se ha situado también la consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana, que en relación a una posible penalización para las autonomías cuyo gasto farmacéutico supere el PIB recuerda que el Real Decreto 16/2012 contempla que en el supuesto de insuficiencia financiera no permite a las comunidades aumentar su cartera básica de servicios. Ahora bien, matiza que, en el caso de la Comunidad Valenciana, “ante este supuesto lo más importante es que se modifique la financiación autonómica”. En el lado contrario, también el consejero de Castilla y León es muy crítico con la iniciativa.
La línea más dura
Desde el Congreso, Izquierda Unida y PNV profundizan en la línea crítica marcada por el PSOE y CiU. En este sentido, el portavoz de Sanidad de IU, Gaspar Llamazares, aprovechó su turno de posición en el debate que la Comisión de Sanidad mantuvo sobre una PNL relativa a los fármacos de la hepatitis C para señalar el vínculo que existe entre la enmienda del PPa la reforma de la Ley de Financiación y el “crédito Montoro” que a su juicio constituye el “talón de Aquiles “ incluido en el Plan Estratégico para la Hepatitis C. En este sentido, acusó al PPde “desconectar” dicho crédito “del anuncio de intervención de las comunidades autónomas en relación al gasto farmacéutico”.
En ese punto incide también Joseba Agirretxea, portavoz de Sanidad del PNV. “Desde una perspectiva económica, esta enmienda es contradictoria con la política de medicamentos que el Gobierno español está aplicando en el caso de la Hepatitis C”, dice. Según él, el PIBno pude ser un baremo para limitar el gasto en un ámbito como el sanitario.
Más allá, el grupo vasco considera “denunciable” la metodología empleada por el PP, evitando el informe de los órganos consultivos a través de una enmienda, y cree que “la desconfianza del Gobierno hacia algunas comunidades incumplidoras no es óbice para que se establezca una legislación tan brutalmente intervencionista”. En esta línea, recuerda que País Vasco tiene su propio modelo de financiación y que por tanto “no tiene sentido” esta intervención.
Las elecciones andaluzas han iniciado una nueva acometida para blindar el gasto sanitario durante la próxima legislatura. Pero este debate también estará presente en la reforma de la Ley de Financiación Autonómica. En la memoria de la ley se expresa que una de las dos finalidades de la misma es garantizar la sostenibilidad financiera y continuidad de los servicios públicos fundamentales (SPF). Sin embargo, para la mayoría de los grupos de la oposición la reforma no aborda el principal problema que actualmente existe para garantizar la prestación de estos servicios, como es la suficiencia de la financiación.
Quizá el grupo más extenso a la hora de plantear un mecanismo que vele por que los ajustes en el gasto público no afecten a las prestaciones básicas es el de UPyD. En esta línea, propone que el Gobierno pueda fijar “techos de gasto obligatorios” a todas las administraciones públicas, así como garantizar los recursos necesarios para que se proporcionen los SPF en condiciones de igualdad, “priorizando así los recortes en otro tipo de gasto no esenciales”.
Entre peticiones de No es, sin embargo la única vía planteada para garantizar la suficiencia financiera en Sanidad. CiU aboga, por ejemplo, por garantizar la participación efectiva de las comunidades en los ingresos por el aumento del IVA y por revisar la distribución de los objetivos de déficit, una enmienda que también comparte con otros grupos, como el de la Izquierda Plural. Otro elemento compartido por las enmiendas de la oposición es la crítica a que el Gobierno haya decidido optar por esta reforma legal, que todos califican de “centralizadora” en lugar de sacar adelante un nuevo modelo de financiación autónoma, máxime cuando el actual sistema concluía en 2014.
Casi todos los grupos instan a poner esta reforma en marcha con efecto retroactivo.
