| viernes, 08 de marzo de 2013 h |

No es nada nuevo que en materia de sanidad existe un reino de taifas, donde cada comunidad autónoma adopta las medidas que considera en el marco, o no, de sus competencias. La falta de liderazgo del Ministerio de Sanidad al respecto tampoco es nueva ni proviene de esta legislatura, si bien es cierto que la situación de ajustes presupuestarios y de la carrera por cumplir el objetivo del déficit ha hecho que las fórmulas adoptadas por unas y otras autonomías sobrepasen la línea de lo soportable par a el Gobierno central. Prueba de ello es que en Tribunal Constitucional empiezan a acumularse los “conflictos” sanitarios: el euro por receta de Cataluña y Madrid, la subasta de fármacos de Andalucía e incluso la reforma farmacéutica de la ministra Ana Mato. Una judicialización que, por cierto, no gusta a los magistrados, que al parecer ya han expresado su descontento porque estos asuntos tengan que dirimirse en los tribunales.

En este escenario no es de extrañar que las políticas de recursos humanos no escapen de las inequidades, que no sólo desigualdades, y que no haya consenso en cuestiones en las que debería haberlo como, por ejemplo, la contratación MIR o la jubilación. Esta última está además de actualidad. Esta semana la Comunidad de Madrid se unía a regiones como la valenciana en la adopción de cambios legislativos que van más allá de lo establecido por el Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, que permite al trabajador sanitario pedir una prórroga de su actividad a los 65 siempre que le resten seis años o menos de cotización. Esperemos que las reuniones entre Sanidad y el Foro de la Profesión Médica den sus frutos al respecto.