Desmarques a la reforma del aseguramiento

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Nadie va a quedar desatendido pero los que carezcan de tarjeta sanitaria deberán abonarla, tal y como estipulaba la Ley General de 1986. Así explicó la ministra de Sanidad, Ana Mato, el proceso de reforma del aseguramiento llevado a cabo por su departamento en vigor desde este sábado, 1 de septiembre, durante la reunión “informal” celebrada días antes en la sede de la Junta de Castilla y León, a la que sólo acudieron los consejeros de Sanidad de las nueve comunidades autónomas populares (Aragón, Murcia, Galicia, La Rioja, Madrid, Baleares, Extremadura y Castilla y León) y Cataluña, mientras que Canarias y las socialistas Andalucía, Asturias y País Vasco, declinaron acudir al encuentro para expresar su rechazo a estas políticas “regresivas” y a un modelo económico y social basado en la “restricción” de derechos fundamentales, tal y como explicaron en un comunicado posterior.

Más allá del “ajuste económico”, Mato se amparó en el cumplimiento del reglamento europeo y la necesidad de garantizar el principio de reciprocidad en relación con el tratamiento que reciben los españoles cuando son atendidos en otros países para justificar el nuevo marco legal
—que deja a unos 153.000 ‘sin papeles’ sin tarjeta—, resaltando que quedarán “especialmente asegurados” los tratamientos de urgencia, el seguimiento de los crónicos, los menores y las mujeres embarazadas.

El resto de inmigrantes ‘irregulares’ —al igual que los denominados “rentistas” o españoles que nunca han trabajado y tienen ingresos superiores a los 100.000 euros al año, los europeos que quieran ser atendidos en nuestro sistema y los nacionales de otros países que se encuentren de visita en España— deberán pagar por la asistencia, aunque Sanidad aún no ha concretado la fórmula.

La ministra sí ha avanzado que podría fijar un canon mensual de 56 euros mientras que el director general de la Cartera Básica de Servicios y de Farmacia, Agustín Rivero, ha explicado que existen “bastantes convenios” de colaboración bilateral con otros países para que los crónicos puedan ser atendidos y la factura se traslade a sus estados, aunque será el médico quien decidirá si es urgente el trato a dicho paciente.

Sin embargo, tanto los partidos de la oposición como los representantes de los profesionales han rechazado esta reforma—más de 1.700 médicos, la mayoría de AP, se han declarado objetores, según datos recogidos por la Sociedad Española de Medicina de Familia (Semfyc)— calificándola de “costosa e ineficaz” y alertando de que puede afectar a la seguridad de la población, aunque Semfyc ha aplaudido la solución propuesta por Rivero siempre que este colectivo sea atendido en el primer nivel en lugar de Urgencias y contando con un paquete básico de servicios que integre la atención primaria y de la discapacidad, la salud pública, la prevención y la prescripción de los fármacos esenciales.

Las comunidades socialistas andaluza, vasca y asturiana, junto con la catalana (CiU) y la canaria (CC), han asegurado que seguirán aplicando exactamente el mismo protocolo que hasta ahora de forma que ningún ‘ilegal’ quede sin atención. Andalucía seguirá utilizando su documento de asistencia temporal mientras que en Cataluña sólo los recién llegados deberán acreditar ante las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) una estancia en el país de más de tres meses para acceder a un documento de acreditación de asistencia o “tarjeta sanitaria alternativa”, con un periodo de seis para regularizar su situación. El consejero vasco de Sanidad, por su parte, ha señalado que simplemente va a desobedecer y en Asturias y Canarias “por principio de humanidad” no se dejará de asistir a ningún enfermo que lo necesite.

Sin embargo, aunque la mayor parte de las regiones populares se han mostrado a favor de aplicar la norma central cobrando a los ‘sin papeles’ o a sus países de origen si éstos no lo pueden sufragar, algunas como Galicia se han desmarcado ligeramente de la línea oficial anunciando la puesta en marcha de un programa de protección social para mantener la asistencia sanitaria, tanto en urgencias como en los centros de salud, a este colectivo mediante a un decreto ya aprobado y publicado en el Diario Oficial de la comunidad.

También el consejero de Sanidad valenciano, Luis Rosado, afirma que seguirán prestando esta atención aunque no puedan pagar la factura que obligatoriamente se les remitirá por los servicios prestados, según reflejan las instrucciones que su departamento ha enviado a los sanitarios indicando que “no se modifica nada” de su trabajo y no que tomarán medidas contra los objetores pues será la Administración la que se encargará de verificar si el paciente tiene derecho a la atención gratuita. Castilla y León intentará cobrar a quienes carezcan de tarjeta pero “meterá en el cajón de los impagados” los casos sin recursos.