El Anteproyecto de la Ley de Servicios y Colegios Profesionales corre el riesgo de acabar guardado en un cajón. El borrador se ha quedado dos veces a las puertas de la aprobación del Consejo de Ministros para dar paso a los trámites parlamentarios. A pesar de estas dos tentativas, el Gobierno parece dispuesto a dejar pasar la legislatura sin aprobar esta ley que en un principio recibió el aplauso de las corporaciones de índole sanitaria por reforzar la colegiación obligatoria. Con el tiempo la sucesión de textos ha ido alimentando polémicas por diferentes cuestiones como la libertad de elección de colegio independientemente del lugar donde se ejerza, la capacidad de intervención de las Administraciones, el establecimiento de un techo de cuota o las incompatibilidades para cargos directivos.
El Ejecutivo ha encontrado la excusa perfecta en la decisión de Bruselas de revisar la directiva de Servicios Profesionales de la Unión Europea. “La Comisión nos ha comunicado que una de sus prioridades va a ser la liberalización de los colegios profesionales, y no tendría demasiado sentido que en estos momentos saquemos una ley cuando a lo mejor dentro de unos meses hay una iniciativa por parte de Bruselas”, explicó el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, en una entrevista al diario Expansión.
De Guindos se refería al proceso de evaluación de la Directiva de Cualificaciones Profesionales que ha comenzado la Comisión Europea con el objetivo de conocer la situación en todos los Estados miembros. “No hay plazos cerrados, pero suelen ser análisis largos y acaba de comenzar el proceso de recogida de datos”, explican fuentes de Economía, que insisten en que el inicio de este procedimiento no implica que la ley no vaya a ser aprobada este mismo año. Ante este cambio de planes, la intención de Luis de Guindos es adaptarse al “ritmo de Bruselas”. Los mensajes que llegan desde Europa al respecto son contradictorios. Precisamente la Comisión Europea en su informe de mayo ‘Primavera 2014’ reprochaba a España el retraso de la normativa.
Dudas de los profesionales
A un año de que finalice la legislatura, la decisión del Gobierno de aparcar la aprobación del anteproyecto hasta conocer los resultados del peer review han generado suspicacias entre los profesionales. “Teóricamente habría tiempo para que Bruselas tomara una decisión y el Gobierno pudiera aprobar la ley, pero lo vemos muy complicado”, han explicado fuentes de Unión Profesional, que temen que la coyuntura electoral pueda servir para paralizar definitivamente el proceso.
Esta asociación que reúne a colegios profesionales de todos los ámbitos económicos es consciente de que el borrador que presentó el Ministerio de Economía y Competitividad no terminó de convencer a las autoridades europeas. “Para Bruselas es una ley muy descafeinada”, detallaron las mismas fuentes.
La Comisión Europea se muestra partidaria de una mayor liberalización de los colegios. En caso de que el peer review finalizara con tiempo suficiente como para que el Gobierno retomara los trámites para su aprobación, esta inclinación podría impulsar nuevos cambios en el anteproyecto tal y como está planteado en la actualidad. Los consejos generales de colegios de médicos y de enfermeros consideran que las posibles modificaciones no afectarían a la obligatoriedad de la colegiación en las profesiones sanitarias, aunque desde Unión Profesional advierten de que “los cambios podrían ser importantes”.
Esperanza en el Partido Popular
Dentro del Partido Popular, uno de los principales defensores de esta normativa ha sido el portavoz de Sanidad de esta formación en el Senado, Jesús Aguirre. “Espero que sea una realidad a lo largo de esta legislatura”, ha insistido en declaraciones a este periódico. Aguirre se encuentra convencido de que este año quedará aprobada la normativa. “Los informes pertinentes para los trámites legislativos estaban ya hechos, es un tema de voluntad por parte del Gobierno de llevarlo al Consejo de Ministros”, subraya.
El portavoz de Sanidad confía en que el Ejecutivo dé este paso cuanto antes para que “los trámites parlamentarios se hagan a tiempo y en forma”. El portavoz popular de Sanidad en el Senado es consciente de los recelos que ha generado dentro de determinadas corporaciones algunos puntos del borrador, pero insiste: “A fecha de hoy, y según lo que he hablado con los consejos generales las mayores reticencias son por el miedo a que no salga la ley adelante”.
Uno de los principales motivos de desconfianza es la libertad que otorga la normativa para que el profesional escoja el lugar de colegiación. Tanto médicos como enfermeros coinciden en que debe encontrarse inscrito en la misma ciudad en la que desarrolle su actividad principal con el objetivo de que las corporaciones puedan realizar su función de control. Para Aguirre este punto ha quedado ya resuelto. “El último borrador recoge que el profesional está sometido al comité de ética y deontología, no del colegio donde esté inscrito, sino donde se haya cometido el acto profesional lo que ya supone un cambio”, indica.
Otro de los puntos que ha generado polémica ha sido las incompatibilidades que marca la ley. Según el texto, el directivo de un colegio no podrá compaginar el cargo con un puesto de responsabilidad en partidos políticos, sindicatos, Administraciones y aseguradoras. Dentro del sector asegurador, algunas de las mutuas más importantes del país podrían verse afectadas si este capítulo de la normativa se aprueba definitivamente tal y como está redactado. Este artículo ha generado alguna diferencia en la Asamblea de la OMC, mientras que el CGE se muestra satisfecho.
El pasado mes de noviembre se filtraba el cuarto borrador sobre la Ley de Servicios y Colegios Profesionales del Ministerio de Economía y Competitividad. En esta sucesión que comenzó e agosto de 2013, apenas se han producido cambios normativos para las instituciones sanitarias. Con este último texto parecía que el anteproyecto pasaría definitivamente el trámite del Consejo de Ministros, pero la realidad ha sido bien diferente. La normativa mantenía inalterados los puntos que afectaban al sector sanitario y los colegios esperaban al comienzo de los trámites parlamentarios para corregir estas diferencias junto a los diferentes grupos. De hecho ya se habían producido los primeros contactos.
A pesar de que la primera valoración ha resultado positiva, el anteproyecto ha generado suspicacias por diferentes motivos. Entre ellos, la tutela que deben ejercer las administraciones sobre los colegios profesionales. Incluso, el Consejo de Estado había advertido en su dictamen de que la capacidad de intervención “estaba planteada de manera excesiva”.
Tras el dictamen del Consejo de Estado, aparecieron los dos últimos borradores más y el departamento que dirige Luis de Guindos ha hecho caso omiso a esta advertencia. Tampoco se ha prestado a escuchar la propuesta sobre el ámbito de colegiación. El Consejo de Estado se posicionaba del lado de los consejos generales que insisten en que el profesional debe inscribirse en la ciudad donde ejerza su actividad.
