| viernes, 21 de junio de 2013 h |

Aunque aún tiene que pasar por el Senado, como era de prever, la propuesta del Partido Popular de frenar la oleada de medidas autonómicas que algunas comunidades autónomas están aplicando por su cuenta y riesgo en materia de política farmacéutica ha salido adelante, aunque haya sido por la puerta de atrás.

Pues bien, en la misma semana que en el Congreso se daba el visto bueno a este planteamiento, la consejera de Sanidad de Andalucía hacía de su capa un sayo, como nos tiene acostumbrados, y ni corta ni perezosa anunciaba una tercera subasta de medicamentos. El órdago que lanzó María Jesús Montero al Gobierno no es desdeñable y es que dejó claro que esta modificación de la Ley del Medicamento no la amilana, es más, ya tiene argumentos jurídicos preparados para sacar adelante no sólo las subastas, sino también las Alternativas Terapéuticas Equivalentes —o como prevean llamarlas— y el concurso por indicaciones terapéuticas que prepara el Servicio Andaluz de Salud. Parece, por tanto, que habrá un nuevo capítulo sobre el tema en el Tribunal Constitucional, que a este paso va a emplear tiempo y tiempo en dirimir los conflictos de política sanitaria.

Y mientras, los profesionales sanitarios ven las idas y venidas, y observan con preocupación el hecho de que su criterio a la hora de prescribir sea cada vez más secundario. Los equivalentes terapéuticos es algo que está levantando alarma dentro de la comunidad científica. Y es que por más que se empeñen algunos, dos medicamentos distintos no son intercambiables aunque tengan la misma indicación.