Que la meta de una administración sea cumplir con el objetivo del déficit y por ende, el ahorro, puede salir caro y esta máxima se cumple con creces cuando de salud se trata. Así, las comunidades autónomas se estrujan la cabeza buscando fórmulas imaginativas para conseguir ajustar las cuentas. Hasta ahí la cosa va bien, el problema es cuando estas fórmulas son dudosas a la hora de garantizar la seguridad de los pacientes. Las alternativas terapéuticas (ATEs) fueron un invento de un farmacéutico de hospital —Benito Dorantes, jefe del servicio de Farmacia del Hospital de Valme de Sevilla— que gustó a la Junta de Andalucía para poder ahorrar en la factura farmacéutica. A partir de ahí la falta de definición legal ha puesto en jaque al ministerio, sociedades médicas, pacientes e industria farmacéutica. Con todo, el nombre es lo de menos, de hecho es muy probable que cambien de denominación de un día para otro, en un intento de una vuelca de tuerca más por parte de Andalucía, para hacerle un quiebro al Tribunal Constitucional, o bien de alguna otra comunidad que quiera seguir sus pasos.
Con este panorama, los médicos comienzan a preguntarse ya quién tendrá que responder ante los tribunales cuando surja una complicación asociada al uso de un ATE, porque recordemos, estamos ante fármacos que no son intercambiables y esto puede conllevar problemas en el tratamiento de los pacientes, como ya ha advertido, entre otras, la Sociedad Española de Oncología Médica.
El consejero de Salud vasco lo deja claro, no implantará estas medidas porque tiene “plena confianza” en los médicos. Y es que no nos cansaremos de recordar que se corre el peligro de que el criterio médico quede relegado a un segundo plano. No es afán de protagonismo, es que está en juego la salud de los pacientes y el derecho a poder acceder a los mismos tratamientos, a los más costo-efectivos para su enfermedad, se resida en la comunidad que se resida.
