Almudena Fernández Madrid | viernes, 08 de abril de 2016 h |

El 15 por ciento de los profesionales sanitarios se ven al menos una vez al año involucrados en un evento adverso y, como consecuencia de ello, muchos de ellos pueden ver incluso afectada su salud. Esto es lo que se conoce como segundas víctimas, tal y como puso de manifiesto Jesús Aranaz, jefe del Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública del Hospital Universitario Ramón y Cajal, durante la Jornada Técnica sobre Iatrogenia, organizada por la Organización Médica Colegial (OMC) y la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas).

Tal y como comentó, una encuesta realizada en Estados Unidos reveló que, tras un suceso de este tipo, estos sanitarios sufren un sinnúmero de consecuencias entre las que destacan en un 61 por ciento, miedo a que este hecho se repita y en un 43, insomnio.

El paciente afectado, por su parte, en un 98 por ciento de los casos lo que demanda fundamentalmente es que se reconozca el error.

Carlos Aibar, profesor de la Universidad de Zaragoza, por su parte, incidió en que a la hora de abordar el problema de la iatrogenia es fundamental medir el daño. De hecho, detalló que una de cada diez personas que ingresan en el hospital padecen algún daño que consta en la historia clínica, frente a uno de cada 100 en AP, pero hay que tener en cuenta que la frecuentación es muy superior. En concreto, en el año 2009 aproximadamente medio millón de pacientes padecieron un efecto adverso en el hospital y 300.000 en primaria.

Sin embargo, tal y como comentó el presidente de la OMC, Juan José Rodríguez Sendín, hablar sobre este tema “no está de moda” porque no le interesa a prácticamente nadie, pues “es incómodo incluso cuando se actúa con buena voluntad”.

Errores evitables

Por otro lado, de los errores que se producen, el 50 por ciento serían evitables, tal y como apuntó el secretario de la OMC, Juan Manuel Garrote. Y es que, por ejemplo, a pesar del uso de la receta electrónica, no se ha podido evitar el descontrol de los medicamentos que se prescriben desde el primer nivel asistencial.

En cuanto a los problemas de daño, por un lado hay casos claros pero, otras veces, si se realiza el cálculo de beneficios menos riesgos, el valor de la acción sería nulo, pero se ha producido un gasto de recursos económicos, y de esto último “se llenan las consultas”. Además, una de las barreras a las que se enfrenta la lucha contra la iatrogenia es el hecho de que tanto médicos como pacientes “sobreestiman los beneficios de los tratamientos y subestiman sus riesgos”.

Por otro lado, Blanca Lumbreras, profesora titular de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad Miguel Hernández, incidió en los factores que provocan el sobrediagnóstico entre los pacientes, entre los que detalló cambios en la definición de la enfermedad —por ejemplo, en el caso de la diabetes, se han bajado los límites y se considera a las personas enfermas antes—, cambios en la medicación —cada vez se medica más a los pacientes con TDH, por ejemplo— y la sobredetección de patologías que no habrían presentado síntomas durante la vida de los pacientes —por ejemplo, los cribados de cáncer de mama—.

En esta línea, Lumbreras abogó por informar al paciente del riesgo que tienen los cribados y las pruebas complementarias y del porcentaje de casos en los que se detectan algún problema para que sea éste el que decida si someterse o no a ese proceso.

Además, consideró que los propios médicos no son conscientes en ocasiones de estos efectos, pues “muchos no saben si la resonancia o el TAC conllevan o no radiación”.

Procesos penales

Durante el periodo entre 2002 y 2010 en Castilla-La Mancha se produjeron 202 reclamaciones penales a médicos y solo tres de ellas terminaron en condena, tal y como detalló David Larios, vicepresidente de la Asociación de Juristas de la Salud, quien incidió en que no se han incrementado el número de estos procesos en los últimos años. En cuanto a las reclamaciones en general, fueron 1.475, es decir, cinco por cada millón de actos sanitarios. Por ello, en su opinión, la medicina defensiva no está justificada en España.

Rodríguez Sendín agregó que muchos facultativos temen, no solo a ser condenados, sino también por no saber lo que les va a suceder, la llamada “pena de banquillo” que, además, puede perjudicar también a su labor profesional. En este sentido, incidió en la necesidad de que exista un baremo de daños sanitarios que evite que las penas por mala praxis —en los casos en los que no sea de manera intencionada— varíen en función del juez. Sin embargo, aunque ha habido siete intentos para conseguirlo en los últimos 20 años, no ha sido posible. Asimismo, explicó que los facultativos tienen miedo y, en ocasiones, rechazan estos baremos porque entran en juego “su vida y su prestigio” y no creen que “se lo deban jugar por un error”.

Finalmente, Yolanda Agra, jefa del Área de Seguridad del Paciente del ministerio de Sanidad, detalló cómo algunos programas de salud pública han obtenido muy buenos resultados, tales como el de ‘Bacteriemias 0’ y el de ‘Neumonía 0’ en las Unidades de Cuidados Intensivos, que consiguieron reducir en un 56 y 53 por ciento respectivamente estos eventos.

Sendín concluyó que va a dejar de hablarse de “no hacer” para decir “malas prácticas” con el objetivo de que “no suene tan suave y llamar a las cosas por su nombre”.