Almudena Fernández Madrid | viernes, 05 de diciembre de 2014 h |

Antonio Aguado (Huelva) ha sido nombrado recientemente presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM), en sustitución de Francisco José Martínez (Almería). Según explicó a GM, sus retos ahora pasan por, en primer lugar, asegurar la colegiación de todos los médicos que ejercen la medicina y no están colegiados para que los pacientes andaluces cuenten con la garantía de que los facultativos que los atienden están legalmente habilitados, asegurados y “lo que es el principal motivo de una buena praxis médica”, sujetos a la deontología profesional. En este sentido, aseguró que se ha producido “un absoluto giro” en las relaciones con la Consejería de Salud, que presenta actualmente “una magnífica disposición y comprensión de las garantías públicas de calidad” que ofrecen los colegios profesionales a los pacientes.

En esta línea, quieren fortalecer la formación deontológica, la buena praxis, desarrollar un decálogo de derechos del médico e intensificar las relaciones con las asociaciones de usuarios y pacientes y con las sociedades científicas para propiciar un sistema que posibilite la historia clínica única. En el ámbito de la medicina privada, buscarán de las compañías de seguros sanitarios “un trato mejor que el actual, que dignifique los actos médicos con emolumentos que no humillen a los profesionales”. Asimismo, intentarán mejorar la seguridad jurídica de médicos y pacientes, trabajar en sus registros profesionales, así como la calidad y existencia asistencial, y la validación periódica de los médicos.

A juicio de Aguado, la inestabilidad profesional, tanto en la pública como en la privada, constituye el principal problema de la profesión en Andalucía. En el caso de la pública, cree que se van a “multiplicar los esfuerzos” para que los médicos puedan tener continuidad y estabilidad. En el caso de las compañías de aseguramiento privado, están asistiendo en estos días a “numerosas exclusiones en los cuadros médicos de profesionales con 20 y 30 años al servicio de la entidad, sin que respondan a la profesión como merece”.

Es significativo también el problema de los médicos más jóvenes que buscan salida en el actual mercado laboral y profesional, habiendo “grandes profesionales que tienen que marcharse a otras comunidades y, desafortunadamente, a otros países”.

Asimismo, lamentó que algunos médicos, a pesar de su esfuerzo y profesionalismo, tengan que ver “en demasiadas ocasiones falta de consideración a distintos niveles”, tales como agresiones en consulta, abusos de mercado, en jerarquía, en medios y redes sociales, algo que desde el consejo andaluz no quieren permitir.

Ya en el último año el consejo firmó el compromiso de la defensa del sistema público, y del convenio para que todos los médicos puedan acceder al registro de voluntades anticipadas y tienen previsto renovar el convenio de colaboración para el Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (Paime), en el que los atienden para que, una vez recuperados, se puedan reintegrar en su puesto, garantizando al tiempo la calidad asistencial a pacientes.

Tienen previsto asimismo desarrollar áreas de geriatría ante la evidencia del aumento de las expectativas de vida de los españoles, con el consecuente envejecimiento de la población, así como reformar el actual modelo de AP y que se dé la formación continuada.

Por otro lado, aseguró que desde el consejo creen en un modelo de gestión clínica (GC) liderado por el médico, elegido motivadamente por capacidad, donde el incentivo esté basado en los resultados de salud, la calidad asistencial y el desarrollo profesional. Y es que junto al consejo general y la propia consejería están estableciendo las bases para el futuro, en el que la GC será “un paso adelante” por el bien del sistema.

La atención no se ve afectada

El presidente del consejo consideró “rotundamente” que la atención al paciente no se está viendo afectada por la crisis económica gracias a la profesionalidad de los médicos españoles, que son “la élite de la profesión en el mundo y han dado todo a pesar de las crecientes dificultades y desmotivación” que se está produciendo en el momento actual. Y es que, a su juicio, los principales valedores y defensores del sistema público de salud y “verdaderos estandarte” del mismo son los médicos junto con el resto de profesionales sanitarios españoles.

En este sentido, los colegios de médicos esperan que se garantice la libertad e independencia del facultativo para que pueda ejercer conforme a lo que su deontología obliga, respetando siempre la buena praxis y al rigor científico, principales herramientas para que se mantenga la actual calidad asistencial.

En cuanto a la posibilidad de alcanzar un Pacto de Estado por la Sanidad, para Antonio Aguado hay “mucho más en común de lo que parece públicamente” y, de hecho, consideró que el Consejo Interterritorial “está avanzando mucho en este sentido”, todo ello “sumado a las voces de las profesiones”, pero para ello ve imprescindible trabajar para “la cohesión, solidaridad, unificación de criterios, estabilidad y reconocimiento de los profesionales y agentes implicados”, concluyó.

No permitiremos abusos como agresiones en consulta o basadas en jerarquía”

La atención al paciente no se está viendo afectada por el profesionalismo de los médicos”

Todo lo que contribuya a la sostenibilidad del sistema público es positivo para Antonio Aguado, tal y como aseguró en relación con las subastas públicas de medicamentos, pero matizando que “siempre que no se afecte a la libertad de prescripción del médico” en cuanto a la posibilidad de recetar medicamentos que puedan resultar más beneficiosos para los pacientes. Y es que, tal y como subrayó, “sólo el médico está capacitado para decidir qué medicamento debe tomar cada paciente en concreto”. Además, considera que la selección de fármacos debe atender a criterios científico-médicos objetivados universalmente y consensuados con las profesiones sanitarias, conocedoras científica y profesionalmente de las necesidades de los pacientes.

Por tanto, por una parte, desde el consejo consideran que cualquier cuestión que afecte a la prestación farmacéutica debe realizarse a través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud , para así no generar “posibles desigualdades territoriales que puedan romper la cohesión del sistema sanitario”, generando inequidades entre los pacientes de las distintas comunidades autónomas, que no pueden recibir los mismos tratamientos en todas ellas para las mismas patologías.

Por último, puso de manifiesto la importancia de la seguridad de los pacientes, a los que hay que garantizar “fármacos de máxima calidad desde su origen”, mejorando los controles de trazabilidad y calidad que, como subrayó, deben estar en todos los casos por encima de cualquier criterio económico.