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10 ene 2014 - 16:00 h
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El Consejo Económico y Social (CES) ha expresado una opinión favorable sobre el Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales, aunque ha manifestado su disconformidad con el régimen de incompatibilidades que establece la normativa en ciernes.

“El CES apoya la necesidad de transparencia de las instituciones pero considera que, dada la amplitud del término ‘cargos directivos’, el régimen de incompatibilidades establecidas en el anteproyecto es, a su juicio, excesivo y podría ir en detrimento del ejercicio del derecho de asociación”, expresa en su dictamen este órgano consultivo, en el que existe una amplia representación de organizaciones sindicales y empresariales. En concreto, los sindicatos eligen 20 de los 60 miembros de su consejo y las instituciones empresariales otros 20.

El Anteproyecto que ha elaborado el Ministerio de Economía especifica que los directivos de los colegios profesionales no pueden compaginar sus cargos con puestos de dirección en partidos políticos, sindicatos, organizaciones profesionales y mutualidades. En cuanto a la colegiación obligatoria, la institución recomienda una mayor especificación de “los requisitos que habrán de verificarse simultáneamente para establecer el carácter obligatorio”, ya que considera que “presentan un gran grado de amplitud y de indeterminación que no debería descartar un mayor desarrollo y concreción”.

En el Consejo de Estado

El texto ya ha sido remitido al Consejo de Estado. Esta última versión, con fecha del 20 de diciembre, presenta modificaciones con respecto al anteproyecto presentado el pasado 2 de agosto. Una de ellas afecta a la economía y financiación de los colegios profesionales. A sugerencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el último anteproyecto incorpora la prohibición de que los colegios en los que sea obligatoria la colegiación —como son los de los profesionales sanitarios— puedan exigir cuota de inscripción o colegiación, con independencia de su denominación. La CNMC argumenta que esta medida persigue “evitar que puedan convertirse en barreras de entrada al mercado”.

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