La lucha entre el antiguo y el actual consejo de administración de Previsión Sanitaria Nacional (PSN) se complica después de que el juzgado de Instrucción número 2 de Madrid anunciara hace unos días la imputación de seis consejeros de la mutua de seguros por presunto fraude procesal.
El pasado miércoles fueron citados a declarar ante el juez los consejeros Eduald Bonet, Juan José Porcar, Tomás del Monte, Manuel Pérez, Filemón Rodríguez y José María Suárez, tras admitir a trámite la querella presentada por los ex dirigentes de la entidad, Juan Blázquez y José María Sala Xampeny. El inicio del conflicto se remonta a 1997 cuando la Dirección General de Seguros (DGS) decide cesar al equipo del entonces presidente, Juan Blázquez. Una sentencia de mayo de 2009 de la Audiencia Provincial de Madrid condenaba al consejo presidido por Juan Blázquez por diferentes motivos, entre ellos, la adquisición del complejo residencial Rubí en de Marbella por un precio excesivo. El juez resolvió que el anterior consejo debía compensar a la mutua con seis millones de euros, una decisión que se encuentra en ejecución.
Blázquez y otro miembro de su antiguo consejo de administración, José María Sala Xampeny, pusieron entonces en marcha una querella con el objetivo de demostrar que la información utilizada contra ellos no era veraz. Para ello se han basado en el Acta de Inspección de la Dirección General de Seguros a PSN realizada entre 2009 y 2010. Tras la noticia de la imputación, el ex presidente de la mutua confía en que después de este paso dado por el juez, acaben finalmente imputados los otros cinco miembros del consejo.
Irregularidades entre 2009 y 2010
Este informe pone de manifiesto una serie de actuaciones irregulares de la mutua que preside Miguel Carrero desde 1998. El informe de los inspectores llega a advertir incluso de que la entidad podría “estar incursa en causa de disolución”, a pesar de que no pudieron conocer de manera veraz la situación patrimonial de la mutua. Según sus estimaciones, los fondos propios serían negativos en 3,7 millones de euros y la cobertura de Provisiones Técnicas presentaría un déficit de 274 millones de euros, como consecuencias de los ajustes realizados por la inspección, lo que supone un 48,71 por ciento del total.
En diferentes puntos del informe de 600 folios, los inspectores advertían de que las irregularidades podrían suponer “la adopción de las Medidas de Control Especial” previstas en el Real Decreto 2486/98 que aprueba el Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados. Precisamente, fue esta normativa la que aplicó la DGS para intervenir y cesar al consejo que presidía Juan Blázquez en 1997. Posteriormente, en 2004 el Tribunal Supremo anuló la decisión de la Dirección General, pero no se adoptó la restitución de sus cargos a los antiguos consejeros.
Los inspectores acusan también a la mutua de actuar como “promotor inmobiliario, actividad prohibida” de acuerdo al Real Decreto 6/2004. En otro punto del informe cuestionan la legalidad de la compra y rehabilitación de un inmueble en La Coruña.
Entre sus críticas, denuncian también que la mutua aportó en la inspección documentación alterada. En concreto, los miembros de la DGS informan de que las cuentas deudoras del grupo entre 2007 y 2009 son incompletas. El informe hace referencia también a las retribuciones de los consejeros. la memoria de 2009 señala que esta partida asciendió a 492.000 euros, aunque la cifra real podría haber alcanzado los 718.000 euros.
Fuentes consultadas han subrayado que a la luz de estos hechos “es incomprensible pensar que toda la inspección termine con un sobreseimiento aunque con posibilidad de hacerles alguna visita”.
Residencial Rubí en Marbella
En cuanto a la operación del complejo residencial Rubí, un informe pericial sobre la operación apunta que la entidad obtuvo un beneficio de cerca de dos millones de euros (328,3 millones de pesetas). La transacción se cerró en 11,7 millones de euros (1.960 millones de pesetas), pero PSN sólo desembolsó 818 millones por el arrendamiento del propio complejo y otras cláusulas relacionadas con el complejo Topacio. Un total de 48 chalets —todos menos uno—fueron vendidos por 8,26 millones de euros (1.374 millones de pesetas). Esta cifra contradice la sentencia del juez de la Audiencia Provincial de Madrid que valoraba el precio máximo en 1.179 millones de pesetas.
