Al proyecto de acreditación docente le queda que lo vuelvan a redactar de manera que “derogue en su totalidad el Real Decreto 986/1991” para que puedaser aprobado por el Consejo de Ministros.
Un imprevisto para los docentes que veían el final de su tramitación, tal y como destacó hace unas semanas el presidente de la Conferencia Nacional de Decanos, Ricardo Rigual. “No faltará mucho y estará listo en poco tiempo, en vista de que solo quedan algunas tramitaciones como son la aprobación definitiva del mismo y su publicación en el BOE”, precisó.
Tras su evaluación por el Consejo de Estado, el proyecto de Real Decreto por el que se modifica el RD 1312/2007 sobre la acreditación nacional para el acceso de los cuerpos docentes universitarios tiene que concretar algunos asuntos como la acreditación universal, el número de composición de las comisiones, o el nombramiento de los miembros de las mismas.
El organismo considera que debido a las múltiples modificaciones que ha sufrido el texto original se pueden producir problemas de interpretación por parte de “los operadores jurídicos”. Eso sí, el Consejo de Estado deja claro que esta nueva vuelta de tuerca no se debe a razones legales, sino a cuestiones técnicas de la normativa. Parece que los vaivenes del texto ha dejado algunos cabos sueltos que deben ser precisados, como por ejemplo que se echa en falta una justificación sobre la eliminación de la “acreditación universal”, algo que ha sido objeto de observaciones por algunos de los órganos y asociaciones que han elaborado el proyecto. El borrador suprime este concepto, y restringe la acreditación de profesor titular o catedrático a una sola rama de conocimiento. Así el borrador advierte de que “se pretenden evitar dispersiones curriculares entre la actividad docente y la investigación”. Sin embargo, el órgano consultivo expone que, dado que el profesor quedará acreditado para una determinada rama, “convendría dejar claro que esto no podrá ser obstáculo para que pueda ejercer su actividad docente en los estudios donde, aunque pertenezca a otra rama, tengan en su plan algunas asignaturas de la rama de conocimiento de objeto de acreditación”. Así, los expertos proponen a Educación la posibilidad de permeabilizar las acreditaciones y la impartición de la docencia y la investigación.
Del mismo modo, el consejo apuesta por que se establezca algún tipo de norma transitoria para que la supresión del “carácter universal” de la acreditación sólo afecte a los acreditados a partir de la normativa, y aquellos que se rijan por la normativa anterior continuen en las mismas condiciones.
Asimismo, la regulación de las comisiones ha sido otra de las ramas que ha pasado bajo la lupa del consejo, y es que les llama la atención la diferencia en el número de comisiones con relación al existente en la regulación actual.
Mientras que ahora existe una comisión para cada una de las acreditaciones y para cada una de las ramas del conocimiento, el proyecto contempla que cada una de las ramas se desglosen en distintas áreas y por tanto cada una de llas contemple una comisión. De este modo, no es posible que este aumento de comisiones no vaya acompañado de un incremento de recursos para que los procedimientos de evaluación se resuelvan “con plenas garantías de los solicitantes”. El órgano que dirige Jose Manuel Romay Beccaría no entiende cómo el proyecto no contempla el impacto económico que tendrá el decreto.
Otro de los puntos que no convence es la elección del presidente de la comisión. Según establece el borrador será el director de la Aneca el que decida quién liderará la comisión, en base a principios de transparencia, publicidad, mérito, etc. y no “el mayor rango académico y antigüedad entre los funcionarios”, como hasta ahora. Para el organismo, con la intención de garantizar la mayor objetividad de los procesos , “debe reconsiderar la modificación proyectada sobre el nombramiento del presidente por el director de la Aneca que otorga excesiva discrecionalidad al eliminar de la redacción vigente el criterio del mayor rango acádemico”. A su juicio, se evitaría así elegir “a discreción” los nombramientos y daría mayor seguridad a los procesos de evaluación para los solicitantes.En este sentido, no descartan que sea el director de la Aneca el que elija a su junta directiva, pero sólo en base a criterios como la categoría, antigüedad, experiencia, etcétera.
