Gaceta Médica viernes, 16 de octubre de 2015 h
Pacientes, profesionales, gestores y políticos hablan recurrentemente de la inequidad que asola al Sistema Nacional de Salud. De tanto nombrarla se asume casi como un mal endémico al que casi estamos insensibilizados. Pero no por ello se debe tirar la toalla a la hora de plantear soluciones.
La Alianza General de Pacientes ha tomado la delantera en este sentido con la figura del Comisionado para la Equidad, que ya ha cumplido un año de andadura poniendo de manifiesto y pidiendo explicaciones sobre algunos de los problemas que han detectado los propios usuarios.
Pero los pasos deben ir más allá. Está claro que, que el Consejo Interterritorial no tenga carácter vinculante hace que los debates y los consensos que él se producen se queden en muchas ocasiones en agua de borrajas. La falta de poder del ministerio de Sanidad hace que, de puertas para afuera de los acuerdos establecidos en el Paseo del Prado, las comunidades hagan y deshagan. Tampoco ayuda, por mucho que la cartera de Alonso se empeñe en quitarle hierro, haber perdido el Fondo de Cohesión. El hecho de que las regiones tengan que establecer mecanismos de facturación entre cada una de ellas complica el sistema y además, puede dificultar la movilidad de los pacientes, en un momento en el que se aboga por la eficiencia en la dotación de recursos evitando poner de todo en todos sitios.
Durante el Congreso de Derecho Sanitario se planteó la necesidad de crear un organismo, al estilo de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, que de verdad asegure que las decisiones que se tomen se tienen que adoptar. Esto pondría freno en gran parte a la judicialización de la sanidad, que lejos de reducirse, es previsible que vaya en aumento teniendo en cuenta que los colores políticos son variopintos y el panorama podría cambiar de cara a las elecciones generales. Las CC.AA. tienen la capacidad y el deber de autoorganizarse pero sus medidas no deben pasar por encima de los derechos de los ciudadanos.