El ministerio de Sanidad continúa superando etapas para poner en marcha el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios. La última ha sido la publicación de un nuevo real decreto que regula los registros públicos de profesionales de los Consejos Generales de los Colegios Oficiales de las profesiones sanitarias. Se abre ahora un plazo para que los consejos y los colegios puedan presentar sus alegaciones antes de su publicación definitiva en el Boletín Oficial del Estado (BOE), lo que iniciará un proceso de seis meses para que las corporaciones puedan adaptarse a la normativa.
El departamento que dirige Alfonso Alonso ha dado a conocer el nuevo texto casi un año después de la publicación en el BOE del real decreto que regula el Registro Estatal. La norma recibió el visto bueno del Consejo de Ministros a finales de julio del año pasado y apareció en el BOE el 14 de agosto. La entonces ministra de Sanidad, Ana Mato, preveía que esta herramienta pudiera entrar en funcionamiento este mismo año. Incluso en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (Cisns), el actual ministro preveía su puesta en marcha en este plazo. La fecha límite ahora es febrero de 2016, después de las elecciones generales.
¿En el próximo Cisns?
El director de Ordenación profesional del ministerio de Sanidad, Carlos Moreno, explicó a este periódico que el registro recibirá un nuevo impulso en el Cisns, que se celebrará este miércoles. Pese a las declaraciones de Moreno, el registro no figuraba entre los puntos del orden del día de la Comisión Delegada del pasado jueves, la cita previa a la reunión entre el ministro y los consejeros de Sanidad.
Si finalmente, se incluye en el orden del día del Interterritorial, el ministerio pretende que la orden de Transferencia y accesibilidad de los datos pueda salir publicada ya este mes de agosto para que todas las instituciones participantes puedan transmitir los 20 puntos requeridos en la normativa.
Con este cronograma, el ministerio no conseguiría el objetivo de poner en marcha el Real Decreto antes de que finalice la legislatura. Será el nuevo Gobierno el que deberá poner la guinda a un proyecto que continúa prolongándose en el tiempo. Ya el dictamen del Consejo de Estado advertía de que el texto establecía unos plazos demasiado exigentes. “El ambicioso escenario temporal que resulta de esta disposición adicional carece, a juicio del Consejo de Estado, del necesario realismo”, resumía el organismo que preside José Manuel Romay Beccaría. Esta institución entendía lógico el plazo de nueves meses para recoger los datos, fecha límite que establecía el real decreto y que Gobierno y comunidades autónomas no han cumplido. Las mayores dudas del Consejo de Estado se centran en los tres meses previstos para “el cruce, depuración y verificación de esos datos, previos a la puesta en marcha del registro estatal”. Los consejos han expresado también sus dudas sobre los plazos. “Conociendo la situación política y los incumplimientos reiterados a lo legislado en la LOPS sobre sistemas de información sanitaria, los plazos se quedarán cortos”, explica Jerónimo Fernández Torrente, vicesecretario de la Organización Médica Colegial (OMC). De la misma opinión es el director de los Servicios Jurídicos del Consejo General de Enfermería (CGE), Francisco Corpas, quien señala que los tiempos “son poco realistas”.
Moreno confía en que el ministerio pueda recabar cuanto antes todos los datos procedentes de las comunidades autónomas. Más dudas existen acerca de los datos procedentes de los colegios y los consejos generales, que se remitirán por una plataforma diferente.
Mejor relación con el CGE
De momento, Alonso parece haber vencido una de los principales obstáculos, la resistencia del CGE, que había mostrado su malestar tras la publicación del real decreto del registro. La normativa tal y como la publicó el Gobierno en el BOE no recogía sus alegaciones sobre la interoperabilidad de los datos. Incluso a principios del año pasado, presentaron un recurso ante el Tribunal Supremo, que se encuentra en la actualidad a la espera de sentencia. El director de los Servicios Jurídicos del CGE, Francisco Corpas, destacó el cambio de actitud del ministerio, tras la llegada de Alonso: “El nivel de conversación, entendimiento y aproximación es superior con este equipo ministerial que con el anterior; hay un antes y un después”.
La OMC entiende la preocupación que ha venido expresando Enfermería durante este último año. “Las dudas del CGE son ciertas porque el decreto no contempla esa interoperabilidad y sí la necesaria protección de los datos”, señala Fernández Torrente.
Precisamente el pasadoviernes, el ministerio dio a conocer el proyecto de real decreto que regula los registros de los consejos y colegios de las profesiones sanitarias. El nuevo texto reconoce la interoperabilidad en sus principios generales, aunque las corporaciones no han tenido tiempo aún de valorarlo. “Para facilitar el cumplimiento de toda esta normativa, es necesario regular los criterios generales y los requisitos mínimos de los registros de los Consejos Generales de las profesiones sanitarias cuyo ámbito de actuación abarca todo el territorio nacional y facilitar la interoperabilidad de los datos”, según el texto.
14 de agosto de 2014
El Boletín Oficial del Estado publicaba el Real Decreto del Registro Estatal de Profesionales Sanitarios.
Julio de 2015
El ministerio de Sanidad publica el proyecto de Real Decreto para los registros de los consejos y colegios de las profesiones sanitarias.
Noviembre de 2015
El Gobierno prevé publicar este agosto la orden de transferencia y pretende contar con los datos de las CC.AA. en noviembre.
Febrero de 2016
El objetivo del Ejecutivo es que para esta fecha pueda entrar en funcionamiento el registro, una tarea que corresponderá al nuevo Gobierno.
