El Tribunal Constitucional (TC) ha cumplido con el guión previsto. Casi un mes después de declarar inconstitucional el euro por receta en Cataluña, ha adoptado la misma resolución en la Comunidad de Madrid.
La sentencia, conocida el pasado martes, ya advertía de las similitudes entre las iniciativas de las regiones madrileña y catalana. El magistrado ha seguido los mismos criterios que en el caso de la Generalitat.
El TC, que ha estimado el recurso presentado por el Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, explica que las comunidades autónomas pueden desarrollar su propia política sanitaria (que es competencia básica del Estado) siempre y cuando ésta implique la prestación de servicios adicionales para los usuarios. “Es decir, las comunidades podrán mejorar el mínimo estatal, pero en ningún caso empeorarlo”, añade.
Antes de que el Constitucional decretase la suspensión cautelar, la medida llegó a funcionar durante 29 días. En casi un mes se recaudaron 3,7 millones de euros y se generó un ahorro cercano a los 16 millones, según las estimaciones que anunció en su día el Gobierno madrileño. Este es uno de los puntos que quedan en el aire en la sentencia que no aclara si la comunidad que preside Ignacio González deberá compensar a los ciudadanos.
A pesar de que la Comunidad de Madrid era consciente de que finalmente el Constitucional decretaría la anulación del euro por receta también en la comunidad madrileña, el consejero de Sanidad, Javier Rodríguez, expresó su disconformidad con la decisión, aunque advirtió de que el Gobierno la respetaría.
En cuanto a la devolución del dinero recaudado, Rodríguez manifestó que mientras el Alto Tribunal no les inste a reintegrar la cantidad a los ciudadanos no realizarán movimientos. “Si nos dice que hay que devolverlo indudablemente lo vamos a devolver, si no nos dice nada indudablemente no lo vamos a devolver”, señaló.
