El Tribunal Constitucional respalda una externalización ya paralizada

El TC habilita al SMS a ceder la gestión de los centros, aunque la candidata del PP ya ha renunciado al plan
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08 may 2015 - 16:00 h
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Dos años ha tardado el Tribunal Constitucional (TC) en pronunciarse sobre el proceso de externalización de seis hospitales —el Infanta Sofía, el Infanta Leonor, el del Tajo, el Infanta Cristina, el del Henares y el del Sureste— y 27 centros de salud en la Comunidad de Madrid. El Pleno ha estimado que la adjudicación de “contratos para la gestión del servicio público de asistencia sanitaria especializada” no vulnera la Constitución.

La resolución, publicada el pasado miércoles, se produce cuando la Consejería de Sanidad de región madrileña ha renunciado al plan. En este periodo, los dos grandes artífices del enfrentamiento han desaparecido de la arena política. La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de suspender el proceso de externalización de forma cautelar provocó la dimisión del entonces consejero, Javier Fernández-Lasquetty.

En el bando contrario, se encontraba Tomás Gómez, ex senador y ex secretario general del partido socialista de Madrid, y al que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha apartado del partido. Desde su escaño, Gómez encabezó un recurso ante el TC respaldado por 50 senadores de su partido.

Su argumentación se basaba en cuatro patas: vulneración del régimen público de asistencia sanitaria previsto en la Constitución, de la competencia atribuida en exclusiva al Estado en materia de régimen económico de la Seguridad Social, del principio de igualdad y del derecho a la salud. Todas ellas las desestimó el Constitucional.

Sobre el primero de los puntos, el tribunal alegó que el Servicio Madrileño de Salud se encuentra habilitado para “adjudicar contratos para la gestión del servicio público de asistencia sanitaria especializada”, al tiempo que subraya que la Constitución no exige un “sistema de gestión pública directa”.

La sentencia añade que la externalización “no altera el régimen público del Sistema Nacional de Salud ni establece uno propio que se encuentre vedado por la legislación nacional”. El texto descarta además una “diferencia de trato en cuanto al contenido, alcance o calidad de la prestación” entre las gestiones directa e indirecta y pone de manifiesto que “en ningún momento incide en el régimen de acceso y en el contenido de la prestación sanitaria nacional”.

¿Fin del debate en los tribunales?

El director general de Instituto para el Desarrollo y la Integración de la Sanidad (IDIS), Manuel Vilches, mostró su satisfacción por la resolución y expresó su confianza en que sirva para finalizar el debate en los tribunales. “Esta sentencia deja claro que los modelos de colaboración público-privada en absoluto son ilegales y no suponen privatizar”, explicó.

Vilches consideró lógica la respuesta del Constitucional. “Sinceramente creo que el recurso estaba cogido por los pelos, porque no tenía sentido que dijera que se atentaba contra el derecho a la salud”, añadió.

La Comunidad de Madrid se ha visto respaldada por la decisión. “Si fueran coherentes consigo mismo todos los dirigentes del PSOE, IU, sindicatos y plataformas ciudadanas que jugaron a las mareas de las mentiras deberían plantearse dar un paso atrás en la política”, señalaron fuentes de la Consejería de Sanidad después de conocer la resolución, informa Servimedia.

Lo cierto es que el debate sobre la colaboración público-privada continúa abierto en la sociedad. Incluso se mantiene como un tema recurrente en la campaña electoral. La candidata del Partido Popular al Gobierno de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, anunció su intención de dar carpetazo de manera definitiva a la externalización de estos seis hospitales con su inclusión en el Servicio Madrileño de Salud, al tiempo que se comprometió a convertir a los 5.000 trabajadores de estos centros en interinos.

En el polo político opuesto, Podemos publicó esta pasada semana su programa electoral con el compromiso de revisar “los procesos privatizadores del sistema público de salud emprendidos a nivel autonómico”. La formación que dirige Pablo Iglesias asegura que este análisis no sólo incluirá los contratos de gestión, sino también los de lavandería o donación de sangre.

27 de marzo de 2013

Un grupo de 50 senadores socialistas presentan un recurso en el TC ante los planes del Gobierno de externalizar seis hospitales y 27 centros de salud.

30 de abril

La Viceconsejería de Asistencia Sanitaria de la Consejería de Sanidad convoca el concurso para la externalización de los seis hospitales.

12 de septiembre

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) paraliza por segunda vez la externalización. Ya lo hizo en julio pero entonces levantó la suspensiónn.

16 de octubre

El juez G.Martínez Tristán reúne en la Sala de lo Contencioso Administrativo los siete recursos.

20 de diciembre

Martínez Tristán deja la presidencia de la Sala y pasa al CGPJ. Le sustituye Miguel Ángel Vega.

9 de enero de 2014

La Sala de lo Contencioso Administrativo decide devolver los siete recursos a las secciones tercera y octava, lo que supone que la suspensión cautelar sobre los seis hospitales continúa.

27 de enero

El TSJM confirma la suspensión cautelar y el entonces consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty presenta su dimisión y le sustituye Javier Rodríguez, que anuncia que la consejería renuncia a la externalización.

6 de mayo de 2015

El TC sentencia que el Gobierno madrileño está habilitado para llevar a cabo la externalización.

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