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Las administraciones sanitarias deberían recurrir a los profesionales si quieren hacer una gestión racional de los recursos. Esta afirmación que a priori no parece ser una realidad en nuestro país, sí funciona en Alemania desde hace años. Así se puso de manifiesto durante un encuentro organizado por la Fundación Gaspar Casal y PharmaMar en el que se comparaban los sistemas sanitarios de ambos países. Así, mientras que Jesús García, jefe del servicio de Oncología Médica del Hospital Santa María Nai de Orense, afirmaba que el RDL 16/2012 ya supone una limitación de facto al uso de determinados medicamentos y que el hecho de que sea cada comunidad autónoma quien decida qué medicamentos entran en sus carteras está generando graves inequidades, Sophie Schelette, asesor internacional del departamento de Estrategia de la Asociación Nacional de Médicos Aseguradores de Salud señalaba que en el sistema alemán destaca la participación de los especialistas en el proceso de evaluación farmacéutica y no son los políticos los que determinan qué debe reembolsarse o no.
Es más, los pacientes también pueden intervenir en la decisión sobre los medicamentos, según explicó Bernhard Wörmann, de la Sociedad Alemana de Hematología y Oncología Médica, aunque apuntó que disponen de un plazo de 15 días para alegaciones y dado que están poco organizados “nunca llegan”.
Si bien en Alemania son las compañías aseguradoras las que gestionan el sistema bajo control estatal, lo cierto es que el crecimiento del gasto sanitario público es común. De hecho, la principal diferencia es que, mientras que en Alemania la mayoría de los médicos trabajan en consultas privadas y facturan a las aseguradoras por precios concertados, en España la mayoría desarrollan su labor en el SNS.
Y es que en un escenario definido por la contención del gasto, con políticas de precios en las que prima la filosofía del pago por valor, no es descabellado pensar que España pudiera adoptar un modelo similar al germano, también en lo que respecta al acceso a los medicamentos innovadores.
De este modo, según apuntó Regina Múzquiz, directora de relaciones institucionales de PharmaMar, ambos países presentan tendencias similares en lo que se refiere a la financiación selectiva y a la fijación del precio de los nuevos medicamentos. El debate, gira por tanto, en torno al valor añadido que aporta el nuevo fármaco frente a las alternativas existentes y por ende, queda por determinar en nuestro país a quién corresponde la elección del comparador y cómo condiciona ésta elección el diseño de los ensayos clínicos. En este aspecto Alemania cuenta ya con dos años de experiencia.
Al respecto, Andreas Gerber, director de Economía de la Salud del Instituto Alemán de Calidad y Eficiencia en la Atención a la Salud, apostó por la negociación del precio basada en el beneficio incremental (no se da precio superior a un fármaco que no aporte nada con respecto al existente). Mientras Wörmann destacó el carácter participativo del proceso de aprobación y financiación del precio y resaltó el papel de las sociedades científicas en el establecimiento de los comparadores, aunque dio a entender que las autoridades no siempre tienen en cuenta sus recomendaciones.
