Revertir las limitaciones introducidas por el Real Decreto Ley 16/2012 y normas posteriores para la protección y asistencia sanitaria por el SNS de distintos grupos de población con ciudadanía española y condiciones asimiladas a la misma es una de las propuestas que se desprenden del informe ‘Análisis y propuestas para la regeneración de la sanidad pública en España’ del Laboratorio de la Fundación Alternativas en el que han participado 12 expertos en gestión y profesionalismo sanitario.
Javier Rey, cardiólogo y coordinador del informe, explicó que el desarrollo de la protección sanitaria en España es desigual para los distintos grupos de población incluidos, pero no solo en el caso de los inmigrantes. De hecho, abogó por igualar primero la atención entre los españoles como paso previo necesario para después atender a los inmigrantes.
Concretamente, el documento —que fue presentado en la Organización Médica Colegial (OMC)— aboga por integrar todos los sistemas públicos de protección sanitaria en uno único, suprimiendo las mutualidades de funcionarios —Muface, Mugeju e Isfas— y los sistemas para otros grupos profesionales específicos.
En esta línea, Rey incidió en la “disfunción” que se produce actualmente entre los que no tienen sistema de protección sanitario y los que tienen dos al no hacerse un cruce entre la población cubierta por el SNS y la que lo está por las mutualidades —ya sea de forma directa o como beneficiarios—, por lo que apostó por la eliminación de las mismas para producir ahorros al sistema.
Por ello, los firmantes del documento piden que el ministerio de Sanidad constituya una base de datos única de toda la población española y asimilada a ella con derecho a la protección y asistencia sanitaria. Asimismo, solicitan que se establezca un documento único que acredite el derecho a la asistencia sanitaria en igualdad de condiciones en todo el territorio español.
Además, el informe propone la eliminación de todas las desgravaciones fiscales —por contratación personal o por las empresas para sus trabajadores— de seguros de asistencia sanitaria privada. “No es legítimo restar de lo que se tiene que contribuir a la atención de todos para hacerlo de forma privada porque hay que garantizar el acceso igual para todos”, subrayó el coordinador del informe.
Relación con la industria
En cuanto a la relación de la Administración con la industria farmacéutica, piden la separación de la fijación del precio industrial máximo de la capacidad de negociación del precio aplicado a su utilización por el SNS. El objetivo de esto es establecer legalmente la obligación de hacer pública y de forma accesible por todas las partes interesadas el precio fijado para cada nuevo medicamento y los criterios sanitarios y no sanitarios, incluidas las valoraciones de su coste-efectividad e impacto presupuestario, utilizados para su fijación.
En esta línea, el presidente de la OMC, Juan José Rodríguez Sendín, apuntó a que le preocupa “especialmente” cuál es el sistema de financiación en estos momentos entre las administraciones y la industria en relación con la financiación de nuevos fármacos, así como los efectos que tiene la patente no solo en que el fármaco funcione y le gane algo al precedente, sino a la hora de ponerle precio, por lo que abogó por “abrir inmediatamente” este debate ya que, en su opinión, la patente no puede seguir “con los mismo privilegios” que hasta ahora. “No podemos permitir lo que nos está ocurriendo con los medicamentos innovadores porque así no podemos seguir jugando y el mensaje de que solamente accede a ellos el que tiene dinero no lo podemos tolerar”, apostilló.
Asimismo, Rodríguez Sendín denunció que la brecha es “cada día es mayor” entre las rentas del capital, es decir, “lo que gana la industria farmacéutica y demás aledaños” y las rentas del trabajo, entre los cuales está el trabajo intelectual —del que forma parte el sanitario—, en España especialmente. Y es que, en su opinión, las administraciones “abusan” de los sanitarios con “contratos indecentes” que pueden incluir, por ejemplo, contratos para trabajar 24 horas a través de los que solo se cotiza a la seguridad social un día.
Así, agregó que los médicos están “hartos” y cree que los enfermeros también. “No nos gusta este reparto y decimos basta”, recalcó.
Este problema se resuelve a través de una de las propuestas, que pide la definición de un modelo homogéneo de contrato específico para el personal médico —que puede diferenciar entre AP y especializada— así como uno o varios niveles de contratación conforme a la capacidad y experiencia acreditada, además de una retribución complementaria para el personal que pueda ejercer de forma temporal responsabilidades organizativas.
El documento de la Fundación Alternativas apuesta también por la dispensación de productos farmacéuticos en los centros sanitarios de distinto nivel del SNS.
Derogar el Estatuto Marco
Derogar el actual Estatuto Marco del SNS y promover uno nuevo que establezca la relación laboral del personal que acceda a partir de ahora al desempeño de plazas del mismo es otra idea que se aporta.
A pesar de asegurar el presidente de la OMC que un porcentaje “altísimo” de las propuestas del informe son difíciles de contrariar, sí se mostró en desacuerdo con que se establezca un mecanismo estatal que acredite la capacidad profesional de cada colectivo, complementario de la titulación académica y previo a la contratación por el SNS —tal y como propone el documento— pues, en su opinión, si se implantase, tendría que llevase a cabo desde la propia profesión.
Por otro lado, se aboga por establecer una regulación específica de la colegiación de cada una de las profesiones sanitarias y se abre la puerta a que colegiarse solo sea obligatorio para los colectivos en los que sus colegios estén administrativa, jurídica y técnicamente capacitados para ejercer tareas de evaluación y control sobre sus asociados.
Respecto a la colaboración público-privada en asistencia al paciente, sí está recogida en el documento, pero solo como “experiencias excepcionales” que deberán ser siempre “minoritarias”. En el caso de la AP, se opta por abrir legalmente la posibilidad de impulsar formas de gestión autonómica de los centros de salud, excluyendo las privadas a excepción de las entidades de base asociativa del propio personal sanitario.
