“Falta una visión articulada de los problemas del SNS”

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El sector de la tecnología sanitaria se mueve en un escenario más complejo que nunca, GM ha hablado de ello con Margarita Alfonsel, secretaria general de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), que pide a las administraciones un escenario estable y una solución definitiva a la morosidad apuntando que el sector se mantiene a flote “con mucho esfuerzo”, siendo ahora más consciente que nunca de que la inversión en innovación es su principal activo y de que el futuro pasa por la internacionalización.

Si bien, según los datos del Observatorio de Deuda de Fenin el volumen de facturas pendientes de cobro por parte de las comunidades alcanzaba a finales del mes de febrero los 2.550 millones de euros, con un plazo medio de pago de 278 días —lo que supone un descenso del 9,12 por ciento de las facturas pendientes respecto al mes de diciembre de 2012 y del 4,7 respecto a las cantidades adeudadas hasta el 31 de enero de este año—, la patronal advierte de que este descenso se debe a acciones puntuales de comunidades concretas que no pueden hacerse extensibles a todas. Por ello, los impagos de las administraciones siguen siendo para Fenin una de sus principales preocupaciones. Así, Alfonsel reconoció que existe una voluntad política y que las medidas puestas en marcha por el Gobierno para garantizar el pago a los proveedores están representando “un importante balón de oxígeno” y permitiendo que algunas empresas puedan seguir manteniendo su actividad, aunque acotó que la realidad es que “son coyunturales y no una solución definitiva”. De este modo, calificó de “éxito” la liquidación de las deudas acumuladas hasta el 31 de diciembre de 2011 pero aclaró que el fondo de liquidez autonómico no va a resolver el problema, por ese mismo carácter coyuntural. “Viene a paliar la insuficiente financiación de las comunidades y desde luego es un elemento positivo, pero la adhesión es voluntaria y el mecanismo prioriza otros elementos.”, señaló apostillando que las cantidades que finalmente quedan para pago a proveedores son insuficientes y son las comunidades las que determinan los criterios de aplicación, por lo que el resultado no es definitivo. Para la secretaria general de Fenin, las soluciones pasan por revisar la financiación autonómica, adecuándola a las necesidades reales, aplicar fondos finalistas y realizar un estrecho seguimiento del obligado compromiso de las comunidades de establecer como prioridad el pago a proveedores. “Lo que falta es una visión estructural y articulada de los problemas del SNS. Esto provoca la toma de decisiones de marcado carácter economicista y de actuación cortoplacista”, subrayó.

En este sentido, Alfonsel se mostró escéptica respecto a la posibilidad de que haya consenso político a la hora de lograr el necesario Pacto de Estado por la Sanidad, dada su experiencia en las tres comparencias que ha tenido la patronal en el Congreso de los Diputados. “Nuestra comparecencia constata que no existe voluntad política de todos los partidos para aunar criterios y trabajar de forma consensuada”, indicó al tiempo que puntualiza que el sistema no se puede permitir “el inmovilismo”.

Respecto al incremento del IVA de los productos sanitarios impuesto por Europa, Alfonsel comentó que su propuesta de minimizar el impacto de la sentencia y dilatar su aplicación, está en manos de la Dirección General de Tributos. “En este asunto la Administración Tributaria, la Administración Sanitaria y Fenin estamos alineados”, incidió.

Central de compras

Respecto a la garantía de pago que plantea la central de compras, Alfonsel la valora positivamente, si bien recuerda que ésta no debería ser extraordinaria, ya que la ley obliga al pago a 30 días. En referencia a los criterios de compra de las tiras reactivas basadas, que ha generado la disconformidad por parte de los pacientes e industria, la interlocución del ministerio no ha culminado con la información en detalle de las cláusulas que regirían esta licitación. Tras el recurso de Fenin, el proceso está suspendido hasta su resolución por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que se espera la primera quincena de abril. “Hemos recurrido, por un lado, que un proceso de licitación para 14 regiones y los ministerios de Defensa e Interior, de dos años prorrogable a tres, no debe excluir al 50 por ciento de las empresas que liciten. El otro aspecto es la adquisición de tecnología tomando el precio como único criterio. Debe llevarse a cabo teniendo en cuenta elementos como la calidad, los servicios asociados o la innovación”, explicó.