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23 mar 2016 - 12:00 h
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No se trata solo de devolver al canal farmacia los cerca de 200 medicamentos catalogados de Diagnóstico Hospitalrio (DH) que en los últimos años han pasado a ser dispensados en hospitales, sino evitar nuevos trasvases, más aún si son las comunidades las que toman estas decisiones y no el ministerio de Sanidad (único organismo al que faculta la legislación).

En esta lucha, la oficina de farmacia sigue recabando apoyos, tanto jurídicos como sectoriales. Así se puso de manifisto en el marco del Congreso de Infarma.

“Si un medicamento no requiere la asistencia de un médico en la dispensación, no tenemos duda de que ese medicamento debe dispensarse en la oficina de farmacia”, explicó Humberto Arnés, director general de Farmaindustria. Por este motivo, la patronal ofreció su “apoyo” en la reivindicación del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos (Cgcof) para que la dispensación de este tipo de medicamentos vuelva a recaer en las boticas.

El presidente del Cgcog, Jesús Aguilar, viene insistiendo en que revertir esta situación “debe ser una prioridad para todo el sector” y, particularmente, es una lucha prioritaria para el consejo.

Voluntad política

En este sentido, Aguilar incidió en que para la vuelta de los DH a las boticas “no se necesita ningún cambio de modelo, sino simple voluntad política”. Para el presidente de los farmacéuticos hay datos que demuestran la mayor accesibilidad que supone para el paciente adquirir estos medicamentos en las farmacias. Por ejemplo que en España “hay 84 farmacias de media por cada hospital, mientras que en algunas zonas la cifra aumenta a las 300 boticas por centro”.

Los medicamentos de DH también han sido protagonistas recientemente en el ámbito jurídico. El Tribunal Supremo desestimó el recurso de casación presentado por el Servicio Andaluz de Salud —a una sentencia previa del TSJ de Andalucía— y declaró “nula” la resolución del SAS que impedía la dispensación de ciertos medicamentos con este estatus en las farmacias. La importancia del fallo es que confirma que solo el ministerio de Sanidad, y no las comunidades autónomas tienen competencia para adoptar estas decisiones.

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