Después de haber llamado a diferentes puertas para tratar de promover un diálogo con la administración pública sin consenso y tras interponer varios recursos contenciosos administrativos, la Federación Española de Hemofilia (Fedhemo) ha presentado formalmente una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Andalucía contra la licitación y los pliegos por los que se rige el acuerdo marco de homologación para la selección de principios activos.
Pese a que desde el ministerio de Sanidad, la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia les ha mostrado su apoyo, “no tiene capacidad para parar este proceso”, advierte el presidente de Fedhemo, Daniel-Aníbal García, quien destaca que, al menos, “ha atendido nuestra queja, nuestra duda; y dan su apoyo todos los que estamos en contra de las subastas y las Alternativas Terapéuticas Equivalentes (ATE)”.
En contraposición, por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha habido una “total incomprensión y no han querido entender los argumentos científicos que hemos planteado y se han cerrado en banda”, prosigue García. “No han querido escuchar nuestras sugerencias y no han hecho ningún esfuerzo para escuchar el resto”, lamenta.
De todas formas, no quiere que queden dudas sobre los intentos que han realizado antes de llegar a este punto y asegura que “tener que ir a los tribunales contra la administración pública es algo muy desagradable para una organización de pacientes”.
La única esperanza que tienen en Fedhemo —en caso de que el TSJ de Andalucía no les de la razón— es que la industria farmacéutica entienda que “no debe participar en un proceso que pone en riesgo la salud de los pacientes y que, además, menoscaba la libertad de prescripción de los médicos”.
Lote cuatro
En este punto cabe recordar que el objetivo del contrato propuesto por el SAS es proporcionar ciertos medicamentos y cubrir las necesidades de los centros sanitarios durante un plazo de dos años, siguiendo una serie de especificaciones técnicas y administrativas fijadas en unos pliegos concretos.
Asimismo, dicho contrato afectará a 22 patologías que se agrupan en lotes (el número cuatro —el del Factor VIII— es el que se utiliza para el tratamiento de la hemofilia A).
En este caso concreto, ya se ha puesto de manifiesto en diferentes trabajos que el desarrollo de inhibidores contra el Factor VIII es, actualmente, la principal complicación del tratamiento.
Desde la federación, aseveran que es “imprescindible” que cualquier declaración de equivalencia terapéutica entre medicamentos esté basada y sustentada en la evidencia científico-técnica.
Asimismo, debe quedar claro que la posición de un fármaco respecto a sus alternativas terapéuticas debe poseer una base científica y debe ser realizada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), la cual, por otro lado, ha declarado que los medicamentos con principio activo octocog alfa y moroctocog alfa han sido declarados como no sustituibles.
En concreto, en palabras del presidente, “en caso de ser cambiados, hay que guiarse por criterios clínicos y con monitorización por parte del profesional”.
Además, “el cambio de un medicamento por otro puede suponer que el paciente desarrolle anticuerpos contra dicho producto”, dijo García, quien a continuación agregó que estos fármacos “no son genéricos, sino biológicos; lo que significa que si una administración pública decide cambiarlos, está aumentando el riesgo para los pacientes”.
La buena noticia, según indica García, es que “el lote cuatro ha quedado desierto, de modo que a día de hoy no afecta a nuestros pacientes”.
Finalmente, subraya que desde Fedhemo están a favor de la sostenibilidad del sistema y con las medidas que propicien que el SNS sea “más sostenible y equitativo”.
“Las inequidades son totales y en el caso de hemofilia son clamorosas en algunos casos, teniendo en cuenta que hay comunidades autónomas que consumen tres veces más medicamentos que otras”, señala, al tiempo que apostilla que eso es algo que no puede explicarse por práctica clínica, sino más bien por algún asunto organizativo.
En definitiva, aparte de desear y esperar que el TSJ andaluz les dé la razón, la otra reivindicación que hacen desde la federación es que se pongan en marcha las acciones necesarias para velar por la sostenibilidad del sistema, “pero no a costa de la salud de los pacientes”.
